En 2011 hubo un alza de 49% de inmigrantes clandestinos con respecto a 2010 que ingresaron a España, según el informe publicado por el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, cita el diario español El País.
El año pasado entraron 5.443 personas por mar, frente a los 3.632 que lo hicieron el año 2010.
La causa de este aumento es el ingreso de extranjeros indocumentados a las ciudades autónomas españolas Ceuta y Melilla, que se ubican en costas africanas. La cifra de incremento de inmigrantes, de 1.811, coincide con el número de extranjeros que han entrado a estas ciudades sin papeles. En 2011 entraron 3.345 frente a los 1.567 de 2010.
En Canarias se produjo también, un pequeño repunte, pero las cifras siguen siendo muy bajas: 340 personas frente a 196 del año anterior. Según señaló el secretario de Estado, las cifras son muy parecidas a las de 1997 y 1998 y están muy lejos de las 31.678 personas que entraron en las islas en 2006. Según el ministerio de interior la primavera árabe es uno de los factores que incentiva el número de inmigrantes llegados a España en 2011.
Ulloa, junto con el director general de la policía, Ignacio Cosidó, y el director general de cooperación internacional, Carlos Abellá, dieron los datos de expulsiones y devoluciones. En 2011, 11.358 fueron expulsadas. El 80% de ellas, según las cifras del ministerio, de personas con antecedentes policiales o judiciales. En total, entre las expulsiones, denegaciones de entrada y devoluciones, salieron 30.792 personas del país.
También se conocieron algunos datos datos sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), objeto de polémica tras las muertes de dos inmigrantes en Madrid y Barcelona en diciembre y enero y tras las denuncias de abogados, fiscales, jueces y ONG sobre las condiciones de vida. En estos momentos 822 inmigrantes ocupan el 73% de las plazas de las que disponen los centros (1.124) la península, y 40 en los de Canarias (2.992 puestos). No disponían del dato preciso de cuántas de las personas que ingresan tienen antecedentes policiales o judiciales, pero Cosidó ha señalado que en torno al 80%.
