España rechaza promover indultos generales a los presos de la ETA

El nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró que las medidas que se tomen hacia los etarras deberán ser de carácter individual. <br>




El gobierno español es contrario a promover indultos generales a presos de la ETA y sólo contempla la aplicación de medidas individualizadas.

Así lo precisó hoy el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien expuso hoy esta postura respecto a los presos de la organización terrorista durante el acto de la toma de posesión del nuevo delegado del gobierno en el País Vasco.

Gallardón destacó que la política penitenciaria hacia este colectivo se basará en el "principio de la legalidad", que establece que cualquier medida que se tome tenga carácter individual. Recordó además que la Constitución española prohíbe los indultos generales y, por ello, excluye la figura legal de la amnistía. "La política del nuevo gobierno para los presos de ETA se va a basar en las medidas legales a partir de la petición de perdón y del ánimo de reparación a las víctimas", afirmó.

Estos dichos del nuevo responsable de Justicia de España se producen dos días después de que miles de personas se manifestaran el sábado en la ciudad vasca de Bilbao para pedir una suavización de las medidas penitenciarias para los presos de la banda terrorista. Ese día, la vocera de la izquierda independentista vasca, Maribi Ugarteburu, pidió al Gobierno español "unos primeros pasos de urgencia" en relación a los reclusos etarras, a los que calificó como "presos políticos".

Según Ugarteburu, los "primeros pasos de urgencia" que debería adoptar el nuevo Ejecutivo español serían la puesta en libertad de los enfermos graves; la no aplicación de la llamada doctrina Parot (que obliga al cumplimiento íntegro de las condenas) y el acercamiento de todo el colectivo a cárceles del País Vasco.

ETA anunció el pasado 20 de octubre el "cese definitivo de su actividad armada", aunque no su disolución o la entrega de las armas. La organización terrorista hizo su anuncio un mes antes de la celebración de las elecciones generales en España y después de declarar un alto el fuego en enero de 2011.

En sus cinco décadas de actividad, ETA ha asesinado a más de 850 personas, ha cometido decenas de secuestros y centenares de extorsiones a empresarios.

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