En el marco de la investigación por un eventual espionaje en la Sofofa, este martes el presidente del gremio, Hermann von Mühlenbrock, declaró como testigo ante la Fiscalía de Las Condes, mientras que en paralelo personal de la PDI, específicamente de la Brigada del Cibercrimen, llegó hasta la empresa Carozzi para realizar pericias en la oficina del director de la compañía y vicepresidente de la entidad gremial, Juan José Lluganay.
En las intalaciones de Carozzi, ubicadas en la comuna de Buin, los detectives inspeccionaron el lugar donde se produjo el hallazgo de un micrófono y tomaron fotografías, con el objetivo de realizar las pericias correspondientes.
Al término de la diligencia, José Juan Llugany manifestó su confianza en que "esta investigación permita esclarecer estos hechos, para que no afecte la institucionalidad ni a nuestro gremio empresarial".
"Confío en la justicia y en la pronta resolución de este caso", añadió.
En tanto von Mühlenbrock llegó a las 11.00 a la Fiscalía de Las Condes y tras prestar su declaración por más de tres horas se retiró sin hacer comentarios a la prensa.
Cabe recordar que luego que se encontrara un micrófono en la oficina de Lluganay, los máximos directivos de la Sofofa encargaron una una investigación a la empresa Profacis que terminó con el hallazgo el viernes 19 de un dispositivo similar en la oficina del presidente del gremio, Hermann von Mühlenbrock.
En tanto ayer los fiscales a cargo de la investigación, la jefa de la Fiscalía de Las Condes, Lorena Parra, y el jefe de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía de Las Condes, Roberto Contreras, junto a personal de la PDI, realizarpn las primeras diligencias en las oficinas de la Sofofa, tras la denuncia presentada el viernes por el gremio. Más tarde en la Fiscalía de Las Condes recibieron la declaración, en calidad de testigo, del dueño de Profacis, Rubén Zito Aros, quien también entregó los dos micrófonos.
Ambos fiscales fueron designados el fin de semana por el fiscal Regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, para llevar a cabo la investigación en que se indagará los eventuales delitos de infracción a la Ley de Delitos Informáticos; infracción a la Ley de Telecomunicaciones, artículo 36 B y artículo 161 del Código Penal, respecto de captación o intervención de comunicaciones privadas.
