El Estado haitiano admitió este lunes que necesita ayuda internacional para poder juzgar al ex dictador Jean-Claude Duvalier, coincidiendo de este modo con víctimas de "Baby Doc" como la periodista Michèle Montas, quienes denunciaron ante la CIDH la "impunidad" que aún existe en el país.

"La voluntad para enjuiciar a Duvalier sigue siendo una prioridad para el gobierno haitiano", afirmó el director general del Ministerio de Justicia de Haití, André Antoine, en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que recordó que las investigaciones judiciales contra "Baby Doc" comenzaron pocas horas después de su inesperado regreso a Puerto Príncipe, el pasado 16 de enero, tras 25 años en el exilio.

Algo que, subrayó, no sucedió en todos los gobiernos posteriores a la marcha de Duvalier en 1986, que no hicieron nada para iniciar procesos en contra del ex dictador, apostilló.

Sin embargo, Antoine reconoció que los jueces del país carecen de la preparación necesaria para llevar un caso de tal magnitud.

"Los magistrados son actores en este juego, es como un partido de fútbol, si no tienen un buen técnico va a ser muy difícil ganar", advirtió.

Por ello, solicitó ayuda "técnica" de la comunidad internacional, sobre todo en materia de "formación" en cuestiones como crímenes de lesa humanidad o malversación de fondos para los jueces de su país, reconociendo la "debilidad" del sistema judicial haitiano.

"Reconocemos que efectivamente nuestro sistema judicial es débil, necesita ser reforzado", consideró.

Antoine destacó además las repercusiones internacionales de una condena a Duvalier.

Este caso "no es sólo un asunto haitiano, porque la condena de Duvalier lanza psicológicamente un mensaje a la humanidad, a todos los dictadores o a aquellos que son tentados por el poder" para recordarles que "la ley no va a perdonarles, que hay sanciones que los esperan", sostuvo.

La presidenta de turno de la CIDH, Dinah Shelton, saludó las "coincidencias" -algo inusual en este tipo de audiencias- que demostraron peticionarios y representantes del Estado en este caso y manifestó su esperanza de poder enviar una misión del organismo a realizar una visita "in loco" a Haití antes del fin del verano boreal.

Previamente, la periodista haitiana y ex portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Michèle Montas, había advertido también que de no contar con ayuda internacional las posibilidades de que Haití celebre un "proceso serio" contra Duvalier están "fuertemente hipotecadas".

Montas, una víctima de Duvalier que en la misma semana del retorno del ex dictador presentó una demanda contra el "Baby Doc" por delitos de lesa humanidad, denunció la "vasallización" del sistema judicial de la era post Duvalier.

Esto, afirmó, ha permitido que "continúe la impunidad" contra todos los representantes del régimen dictatorial que siguen viviendo en Haití pese a haber sido un régimen que realizó una "represión sistemática" ejerciendo un "terrorismo de Estado" con "violaciones sistemáticas de los derechos" de los ciudadanos y permitiendo una "institucionalización de la corrupción".

El sistema judicial haitiano necesita "apoyo técnico" internacional para llevar a buen puerto el proceso contra Duvalier. Este gesto de la comunidad internacional permitirá "enviar una señal clara de que esta vez sí se va a perseguir (a Duvalier) y que esta vez sí la impunidad no ganará", sostuvo.

La audiencia sobre la situación en Haití tras el regreso de Duvalier se produce en momentos en que el ex dictador continúa ingresado en una clínica de Puerto Príncipe, adonde fue trasladado desde la mansión privada en la que reside días después de su regreso a causa de dolores en el pecho, según reportaron medios locales.

Sus abogados entretanto apelaron también hoy una nueva orden judicial que restringe sus movimientos, impidiéndole salir de la capital haitiana -hasta ahora sólo se le prohibía abandonar el país- y que limita fuertemente los horarios en que puede recibir visitas de personas más allá de su círculo inmediato.

El abogado de "Baby Doc", Reynold Georges, calificó la orden como un "abuso de la autoridad".

Desde Washington, Antoine admitió que en la emisión de la orden se produjo una "irregularidad" de tipo administrativo que seguramente hará que la orden sea revocada.