Este lunes comienza el juicio oral en el que deberán comparecer los involucrados en el caso de red de corrupción, específicamente cinco imputados, considerado como los líderes.

Margarita Cuadros Aedo, Uberlinda Elizondo, Manuel Donoso, Mario Acuña y Luis Muñoz Chamorro, deberán pasar al estrado y responder por el delito de asociación ilícita.

Desde enero del año 2007 hasta octubre del año 2008, un grupo de personas, entre ellos funcionarios y ex funcionarios públicos de distintas instituciones, Policía de Investigaciones, Carabineros, Servicio Médico Legal, Poder Judicial y particulares, de manera sistemática, organizada y bajo la administración e instrucciones de Cuadros, ex funcionaria de la Policía de Investigaciones y ex funcionaria judicial, realizaron una serie de actos ilícitos, como ofrecer y otorgar una serie de servicios ilegales tendientes a favorecer a distintos imputados, procesados y/o sentenciados en causas criminales, tanto del antiguo como del nuevo sistema procesal penal, recibiendo a cambio de sus acciones un precio u otro beneficio avaluable y no avaluable en dinero.

De acuerdo a los antecedentes entregados por el fiscal Víctor Vidal, de la Fiscalía Centro Norte, en total son 42 imputados dentro de la red. De éstos, ya son 21 los que cuentan con condenas. De acuerdo a las cifras oficiales, de los involucrados en los hechos, ocho correspondían a la PDI; tres al Servicio Médico Legal; tres carabineros y cuatro del Poder Judicial.

En más detalle, la red ingresaba  y recababa información desde el sistema informático confidencial y reservado de la PDI, consistentes en órdenes judiciales de detención y aprehensión, arraigo, arresto, antecedentes penales, causas pendientes y otras informaciones contenidas en el Registro Gepol, para entregarla y revelarla a terceros  u ocuparla en la comisión de otros delitos.

Además, modificaban y ocultaban en forma ilegal, información del sistema informático confidencial y reservado de la PDI, Gepol, órdenes judiciales de detención y aprehensión, arraigo, arresto, antecedentes penales y otras informaciones contenidas en dicho sistema.

También confeccionaban resoluciones judiciales falsas y las usaban en el reconocimiento de abonos de tiempo de prisión preventiva por causas criminales inexistentes. Además, sustraían y cambiaban muestras de sangre para el examen de alcoholemia, con el objeto de evitar condenas por  delitos de manejo en estado de ebriedad.