Mañana se cumplen dos años desde el último atentado en España del grupo terrorista ETA, que anunció en enero un alto el fuego y que perdió en ese periodo a decenas de integrantes detenidos por las fuerzas de seguridad, lo que la ha llevado, según el gobierno español, a una situación de gran debilidad.
El 9 de agosto de 2009, cuatro bombas de escasa potencia estallaron en restaurantes y bares de la turística ciudad española de Palma de Mallorca, en las Islas Baleares, sin causar víctimas, aunque diez días antes ETA había matado a dos jóvenes agentes de la Guardia Civil.
Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salva murieron el 30 de julio de 2009 al estallar una bomba en su vehículo oficial en Calviá, una localidad de Mallorca, isla que es destino turístico de decenas de miles de europeos y de la familia real española en verano.
Ese fue el último atentado con víctimas mortales de ETA en España, porque la banda terrorista vasca mató el 16 de marzo de 2010 al policía francés Jean-Serge Nerin en un tiroteo ocurrido en la localidad de Dammery-les-Lys, a las afueras de París.
Los terroristas acababan de asaltar un concesionario de automóviles donde habían robado algunos vehículos y fueron sorprendidos por los agentes, con los que hubo un tiroteo en el que resultó muerto el brigadier. Nerin se convirtió en el primer agente francés asesinado por ETA en más de 40 años de actividad terrorista y podría ser la última víctima de la historia de la banda, que en los dos años sin atentar en España ha sufrido un progresivo debilitamiento con numerosas detenciones, más de 400 desde 2007.
Sólo en los ocho meses transcurridos desde que anunciara el último alto el fuego, el pasado 10 de enero, las fuerzas de seguridad detuvieron a 45 personas supuestamente relacionadas con la organización terrorista.
Además, las fuerzas de seguridad españolas y francesas han descabezado sucesivamente a la banda con la detención de varios de sus principales jefes, entre ellos Mikel Garikoitz Aspiazu, "Txeroki", en noviembre de 2008, y considerado el responsable de la ruptura del alto en fuego de 2006.
El presidente del Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero, atribuyó a su gobierno el pasado 29 de junio, haber llevado a la organización terrorista "a la posición más débil de su historia". Zapatero se declaró "plenamente convencido" de que el tiempo reconocerá que "el proceso de paz ha sido una palanca para acelerar el final" de la banda armada.
Se refería al fallido proceso de diálogo abierto con ETA en la primavera de 2006 después de que la organización terrorista anunciara un alto el fuego, que rompió en junio de 2007 tras cometer un atentado a finales de diciembre en el aeropuerto de Madrid-Barajas, que causó la muerte de dos inmigrantes ecuatorianos.
Durante los catorce meses que duró ese alto el fuego el primer gobierno de Zapatero intentó encontrar un fin dialogado a la violencia, que fracasó al plantear la banda reclamaciones de carácter político.
En las últimas elecciones municipales celebradas en mayo irrumpió un factor nuevo en el panorama político del País Vasco, la coalición Bildu, que aglutina a varios grupos, incluida la izquierda de tendencia independentista. Bildu pudo concurrir a los comicios después de que el Tribunal Constitucional español revisara una anterior sentencia del Tribunal Supremo que lo había prohibido por considerar que la coalición está instrumentalizada por ETA.
La autorización del Constitucional causó una gran polémica en España, pero Bildu logró representación en decenas de ayuntamientos vascos, incluido el de la ciudad de San Sebastián. El diario español "El País" publica hoy que los presos de ETA esperan un anuncio inminente por parte de la banda de que ha llegado el momento de "cerrar el ciclo de la lucha armada".
"Tan seguros están entre ellos, según conversaciones interceptadas en prisión, que empieza a cundir el nerviosismo y la impaciencia" sobre la llegada del comunicado, escribe el diario.
ETA, siglas de "Euskadi ta askatasuna" ("Patria Vasca y libertad"), fue fundada el 31 de julio de 1959 con el objetivo de buscar la independencia del País Vasco de España. En sus 50 años de actividad ha causado la muerte de casi 900 personas.