Un total de 68 personas acusadas de cometer delitos de lesa humanidad durante el último gobierno militar argentina (1976-1983) afrontarán a partir de este miércoles el mayor juicio de este tipo que se realiza en el país desde 2006.

Los ex militares Jorge Acosta, Alfredo Astiz, Adolfo Donda y Ricardo Cavallo son algunos de los ex militares imputados por 789 crímenes cometidos en el centro clandestino de detención y torturas que funcionó en el edificio de la ex Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), en la capital argentina.

El proceso judicial estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 5, integrado por los jueces Daniel Obligado, Adriana Paliotti y Leopoldo Bruglia.

Además de los ex militares, en su mayoría oficiales y suboficiales de la Armada, estarán en el banquillo de los acusados el ex secretario de Hacienda, Juan Alemann, y el Gonzalo Torres de Tolosa.

El juicio reunirá la investigación de nueve causas abiertas por los crímenes perpetrado en la ex ESMA a partir de 24 de marzo de 1976, cuando una junta militar derrocó al gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón.

Los jueces que integrarán el tribunal tienen previsto escuchar a 900 testigos durante la duración del proceso.

Entre los casos previstos de análisis se encuentran los denominados "Vuelos de la muerte", los asesinatos de personas que eran arrojadas vivas desde aviones al río de la Plata o el océano Atlántico.

Según la investigación de diferentes organismos defensores de los Derechos Humanos, unas 5.000 personas estuvieron detenidas ilegalmente en las instalaciones de la Escuela Mecánica de la Armada, fueron torturadas y asesinadas.

El edificio de la ESMA fue transformado en 2004 en un Espacio de Memoria y Derechos Humanos, en el que funciona un museo y se realizan actividades culturales y de reflexión.

En 2003, el fallecido ex presidente Néstor Kirchner declaró la nulidad de dos leyes que paralizaban los procesos judiciales contra los imputados como autores de haber cometido crímenes de lesa humanidad.

Dos años después, la Corte Suprema de Justicia argentina avaló la invalidez e inconstitucionalidad de aquellas normas sancionadas en la década del ochenta.