Estela Ortiz: "Es inaceptable si se comprueba que la muerte de uno solo de esos niños pudo ser evitable"
La ausencia de la secretaria ejecutiva del Consejo de la Infancia en el contexto del debate por el Informe Sename II ha sido ampliamente cuestionada. Aquí Estela Ortiz, la máxima autoridad del organismo, sale al paso de las críticas. Convencida de que la batería legislativa que el Ejecutivo está tramitando hoy en el Congreso cambiará el destino de los niños chilenos, critica la utilización política del tema, pero también admite la necesidad de asumir responsabilidades.
Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo de la Infancia –organismo que asesora al Ejecutivo en la formulación de las políticas para la niñez– recién se reincorporó ayer a sus funciones tras una enfermedad. Fueron semanas tensas. El informe de la Comisión Investigadora Sename II, que entre sus conclusiones indicaba una "inexcusable" conducta de la ex ministra de Justicia Javiera Blanco, fue rechazado en la Cámara de Diputados y muchos se preguntaron por el silencio de la institución que lidera.
Aunque estaba en reposo, dice que siguió atentamente todo lo que sucedía. "No he podido participar del actual debate como hubiese querido, sin embargo los equipos que conforman el Consejo Nacional de la Infancia han mantenido una presencia activa", argumenta.
¿Revisó el Informe Sename II? ¿Qué le pareció?
Revisé los preinformes, el informe y los tres acuerdos de la semana antepasada. Los temas allí planteados están avanzando y valoramos muchas de las propuestas, pero desgraciadamente nos vamos a lo pequeño, a una utilización política del tema. Es una discusión que no está a la altura del problema que enfrentamos.
Pero más allá del informe, la evidencia es contundente en indicar que el Estado ha vulnerado los derechos de los niños internados en el Sename.
A mí me duele profundamente la muerte de todo niño que ha sido vulnerado en sus derechos. Acá han ocurrido hechos graves que reafirman nuestra convicción de crear dos nuevos servicios especializados que restituyan y garanticen los derechos de esos niños y niñas. Insisto, es inaceptable si se comprueba que la muerte de uno solo de esos niños pudo ser evitable. Para ello está en curso la investigación a cargo del Ministerio Público y en ese sentido la directora del Sename ha dicho muy claramente que su política es de colaboración y transparencia total.
¿Ha faltado de parte del Estado, y de este gobierno, una capacidad de asumir responsabilidades políticas?
Cuando se tiene un trabajo en una institución, un servicio o un ministerio, obviamente se asumen responsabilidades técnicas y políticas, eso es evidente. Pero no se puede focalizar todo precisamente en las personas que se han metido en este tema para enfrentarlo, que han tratado. En el caso del Sename, hay una responsabilidad política e histórica, acá existe una deuda colectiva con la infancia y es precisamente este gobierno y su programa el que se hace cargo, después de que el informe Jeldres (el primer informe en revelar la crisis del sistema de protección de menores) nos abriera los ojos a la brutalidad de este problema sistémico.
En lo personal, como educadora de párvulos, como funcionaria pública (ex vicepresidenta de Junji y ahora en el Consejo de la Infancia), ¿siente usted una responsabilidad con las numerosas vulneraciones de derechos que se han denunciado en el Sename?
Obviamente. Cuando yo me junté con la jueza Mónica Jeldres el año 2013 y varias personas que trabajaron en ese informe, me sentí terriblemente responsable, como mujer, como madre, como persona que ha trabajado en las problemáticas de los niños desde los 20 años. Yo trabajé durante la época de la dictadura con los niños dañados por los estados de emergencia en la fundación Pidee. Sé lo que es esto, sé la cultura de violencia que hay al interior de las familias y en los espacios sociales, públicos e institucionales con los niños.
En ese contexto, ¿cree que los proyectos de ley que se están tramitando hoy van en el camino correcto?
Sin duda. Con el paquete legislativo que considera siete proyectos de ley esperamos cambiar, en primer lugar, la relación del Estado con los menores, teniendo como fundamento base de todas las normas, instituciones, políticas y planes el interés superior de los menores. Estamos trabajando para avanzar hacia un país en el que los niños no sean vulnerados en sus derechos y para entregarles a las familias las herramientas necesarias para orientarlos en su desarrollo; que los protejan, que los acompañen en el proceso de ir descubriendo la vida y que permitan su autonomía progresiva, que se sientan escuchados, respetados y valorados.
Las nuevas iniciativas
¿Han avanzado los proyectos como a usted le gustaría?
Aquí no hay soluciones mágicas, pero creo que se está avanzando. Nos ha costado mucho, de repente la burocracia te hace trampas. De todas formas, desde el primer minuto hemos planteado la necesidad de que este sea un tema prioritario en la agenda, de que nos pongamos de acuerdo, que busquemos alternativas en conjunto. Hay puntos en los cuales no vamos a estar de acuerdo porque son temas valóricos, ideológicos, etc. Los niños transexuales y sus derechos, por ejemplo, pero tenemos que enfrentar esto con altura de miras. Yo conversé con senadores, diputados y jefes de bancada y les pedí que no se politizara el tema.
Pero se ha politizado. Algunos candidatos presidenciales incluso han hablado de hacer un gran acuerdo por la infancia. ¿Ha mirado si mencionan el tema en sus programas?
Ojalá sea verdad y se haga un gran pacto. He mirado los programas y algunos me dan risa, porque toman todo lo que estamos haciendo nosotros. Eso es bueno, me alegra que se estén considerando proyectos que nosotros hemos puesto en la discusión, pero quiero que seamos consecuentes también, que nos hagamos cargo de lo que estamos solicitando y proponiendo.
¿Qué significa eso en concreto?
Que cuando se dice que le pongamos urgencia a los proyectos de ley, que tienen que salir rápido y lo hagamos de determinada manera, no dilatemos después la discusión. Que tratemos de mejorarlos, sí; que discutamos y confrontemos puntos de vista, sí, pero que avancemos con la prioridad que requieren los niños y las niñas de este país y no que se pongan problemas y se diga que este gobierno no ha cumplido.
Desde la perspectiva del Consejo de la Infancia, ¿cómo se enlazan estos proyectos de ley con la situación "de emergencia" asociada al Sename?
Por primera vez va a quedar consagrado que todos los niños, independientemente de su condición, su historia, su origen, su edad o identidad, son sujetos de derechos a través de una ley de garantías. Esto que puede parecer algo obvio, no lo es. Se trata de un gran cambio legal y sobre todo cultural. Los niños hoy no son vistos, ni siquiera los niños que no viven esta situación de conflicto o vulneración, ellos tampoco son considerados, no se les cree y su opinión no es válida.
¿Esto tiene relación con el concepto de la "autonomía progresiva"?
Sí, pero no puede ni debe entenderse, como se ha querido majaderamente decir a la opinión pública, que los padres dejan de ser los principales garantes, protectores, orientadores de sus hijos. Al contrario, y así se expresa desde el mensaje del proyecto, los padres tienen el deber de acompañar y orientar a sus hijos y darles todas las oportunidades para que puedan desarrollarse al máximo de acuerdo a su potencial. Cuando esto no ocurre, el Estado tiene el deber de entregar las herramientas para apoyar a esa familia, acompañarla en los procesos difíciles, es hacia allá donde debemos avanzar. No se trata de separar a los niños de su medio familiar, de su barrio o escuela. Más bien debemos llegar antes y tener capacidad de respuesta desde la primera alerta.
¿Qué aspectos son para el Consejo de la Infancia los más urgentes de mejorar en nuestro actual sistema de protección a la niñez?
Es clave la generación de un sistema de acompañamiento a las familias que les permita ejercer su rol de cuidado y protección, el que debe ser el foco principal de las políticas de primera infancia y que ya se ha estado desarrollando a través del Chile Crece Contigo. Por otra parte, se requiere generar mecanismos que hagan efectiva la conciliación de la vida familiar y laboral, sobre todo en las primeras etapas de la vida de los niños, que les dé tiempo a los padres, madres y cuidadores de ejercer este cuidado. Parte importante del desarrollo económico y social de nuestro país depende de cómo se apoye a los niños y niñas en sus etapas tempranas.
¿Y en particular con los niños del Sename?
Chile debe avanzar hacia la efectiva aplicación de los estándares internacionales definidos por Naciones Unidas en materia de cuidado alternativo de los NNA (niños, niñas y adolescentes) privados de su medio familiar. En este mismo sentido, se requiere con toda urgencia avanzar en la erradicación de la internación de los menores de tres años. Esta es una de las prioridades más importantes y el Consejo Nacional de la Infancia ha desarrollado planes piloto en la Quinta y Octava Regiones que entregan orientaciones para hacer efectivo el derecho a vivir en familia, particularmente de los niños y niñas menores de tres años que han sido gravemente vulnerados y que requieren ingresar al sistema de protección especial.
El domingo pasado hubo una marcha por los niños del Sename y ha habido un llamado de varias figuras públicas para solucionar este tema. Pareciera que la gente está más que nunca preocupada e interesada en los niños. ¿Cree que estamos frente a un punto de inflexión en este debate o que esta es otra efervescencia que pasará?
Creo que las crisis, y así lo planteamos hace un año cuando apareció el tema con mucha fuerza, son una buena oportunidad para hacernos cargo del problema y presentar soluciones tanto a corto como a largo plazo. Independientemente del gobierno que venga, lo importante es seguir trabajando y poner a los más pequeños en la agenda. Debemos entender que mientras no les demos igualdad de oportunidades a niños y niñas no vamos a llegar al desarrollo, imposible.
Comenta
Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.