Luego de recibir el informe de la comisión Engel y en el marco de los casos Penta, SQM y Caval, la Presidenta Michelle Bachelet firmó el miércoles la discusión inmediata de dos proyectos de ley en materia de probidad y transparencia.
De esta manera, las iniciativas que regulan el vínculo entre la política y los negocios y limitan la reelección indefinida de parlamentarios, deberían ser despachadas en seis días.
PROYECTO SOBRE PROBIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA
"Hoy estamos definiendo la discusión inmediata en el Parlamento del proyecto de ley de probidad en la función pública, ingresado en el gobierno anterior y que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado", aseguró la jefa de Estado.
"Esta iniciativa no sólo previene de mejor manera los conflictos de interés de las autoridades públicas, sino que establece sanciones más severas en caso de que se presenten", dijo la jefa de Estado.
En este sentido, el proyecto aumenta el número de autoridades que deben realizar declaración de intereses incluyendo a los miembros del Consejo para la Transparencia; a los Defensores Locales; los integrantes del Tribunal de Contratación Pública, además de los Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública, entre otros.
"Se busca asegurar la conservación de la información referida a las actividades económicas y profesionales de las autoridades y funcionarios, a pesar de la desvinculación de alguna de ellas al servicio o institución respectiva", añade la norma legal.
Además, "se mantiene la obligación de incluir los intereses y el patrimonio del cónyuge casado en sociedad conyugal, exceptuando los bienes que conformen el patrimonio reservado de la mujer y aquellos que corresponden a lo que en doctrina se han denominado "patrimonios satélites".
Sobre las sanciones a quienes no presenten la declaración de intereses, el proyecto señala que, "una vez transcurrido el plazo estipulado y no habiéndose dado cumplimiento a la obligación de efectuar la declaración, se le aplicará al declarante infractor una multa de 10 a 30 unidades tributarias mensuales a beneficio fiscal, además de suspensión sin goce de remuneraciones en caso de mantenerse dicho incumplimiento por un período superior a cuatro meses".
Además, el proyecto sanciona "el incumplimiento contumaz de la obligación de efectuar o actualizar las declaraciones, sanción que puede llegar, incluso, a inhabilidad especial temporal de sesenta y un días a tres años, para ejercer cualquier cargo o empleo público, sea o no de elección popular".
Por último, se establecen mayores sanciones para aquellos funcionarios o autoridades que hubiesen sido destituidos y que no cumplen con su obligación de actualizar sus respectivas declaraciones.
PROYECTO SOBRE REELECCIÓN DE PARLAMENTARIOS
Por otra parte, la Presidenta solicitó la discusión inmediata de una reforma constitucional que limita la reelección de senadores, diputados y otras autoridades elegidas por elección popular.
"Esta iniciativa nace de la función de seis mociones parlamentarias que buscan terminar con el apernamiento de autoridades en los cargos y garantizar que haya renovación en la política y surgimiento de nuevos liderazgos", dijo la Mandataria.
Además, "termina con malas prácticas como el clientelismo y el tráfico de influencias, y permite una mayor fiscalización de lo que han hecho las autoridades anteriores", añadió la jefa de Estado.
De esta manera, el proyecto plantea que los senadores puedan ser reelegidos en sus cargos por una sola vez, es decir, por un máximo de 16 años.
En el caso de los diputados, alcaldes, concejales y consejeros regionales, propone que puedan ser reelegidos hasta dos veces, es decir, por un máximo de 12 años.
