Un estratega brasileño dijo que recibió un pago ilícito de 20 millones de dólares por la campaña de reelección del 2012 del fallecido líder venezolano Hugo Chávez, entregado por el hombre que ahora lidera Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, según un acuerdo de culpabilidad hecho público el jueves.
El estratega Joao Santana, apodado "el fabricante de presidentes" por haber ayudado a los líderes izquierdistas de Brasil a mantenerse en el poder durante 13 años, fue arrestado el año pasado con su esposa Monica Moura y ahora cumplen condena de ocho años de prisión en una investigación sobre corrupción.
En una declaración a los fiscales brasileños en marzo, Moura detalló pagos ilegales similares por un total de 53,9 millones de dólares, entregados principalmente por firmas brasileñas de ingeniería, por su trabajo en el extranjero asesorando campañas electorales en Panamá, El Salvador, Angola y Venezuela.
Moura, quien se encargaba de las finanzas de la pareja, dijo a los fiscales que Maduro, entonces canciller de Chávez, le pagó personalmente con dinero en efectivo en bolsos en su oficina en Caracas.
Maduro le entregó 11 millones de dólares en un número no especificado de reuniones y le proporcionó un guardaespaldas para su seguridad cuando ella abandonó el Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo Moura.
Ella dijo que siete millones de dólares fueron pagados a la pareja por Odebrecht, el conglomerado de ingeniería más grande de Brasil que admitió haber sobornado a funcionarios gubernamentales para obtener contratos en Brasil y una decena de otros países, y otros dos millones de dólares por el constructor brasileño Andrade Gutiérrez.
Moura dijo que el Gobierno venezolano nunca pagó unos 15 millones de dólares restantes por la campaña del 2012. El Gobierno de Maduro no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios sobre la declaración de Moura.
Venezuela vive violentas protestas desde hace unos 40 días que han dejado 38 muertos. La oposición lidera las protestas contra lo que considera una "dictadura" impuesta por el Gobierno de Maduro en el país petrolero.
