Más de 7.000 muertos en el primer semestre de 2012, se registraron en México, país marcado por la violencia del crimen organizado. Esta cifra que equivale a un 10% más que en los seis meses precedentes, según un estudio de la firma Lantia Consultores.

La consultora, dirigida por el experto en seguridad Eduardo Guerrero, cifró en 7.022 las muertes relacionadas con los grupos del narcotráfico entre enero y  junio, frente a los 6.408 homicidios del segundo semestre de 2011.

Según Lantia Consultores, "el principal detonador de violencia durante el primer semestre de 2012 fue la reactivación del conflicto entre el cártel de Sinaloa y Los Zetas", las dos principales organizaciones del narcotráfico en el país, principalmente en los estados del norte, como Sinaloa, Durango,  Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Ciudad Juárez, ciudad del estado de Chihuahua fronteriza con Estados  Unidos, fue durante la primera mitad de 2012 la localidad más violenta del país  con un total de 510 homicidios.

Estas cifras contradicen las declaraciones hechas a principios de agosto  por el Presidente Felipe Calderón, quien aseguró durante una reunión del  Consejo Nacional Seguridad que los asesinatos relacionados con el crimen  organizado habían descendido 15% en el primer trimestre, pero sin dar cifras  precisas.

El gobierno de Calderón lanzó al asumir el poder, en diciembre de 2006, una  ofensiva contra el narcotráfico con la participación de las Fuerzas Armadas.

El último balance oficial de homicidios causados por la violencia  relacionada con el crimen organizado desde entonces llegaba hasta septiembre de  2011 y contabilizaba 47.515 muertos, pero no se han actualizado las cifras  desde entonces.

Según Lantia, sobre la base de la tendencia actual de un promedio de más de  1.100 muertos al mes en el último año, el total de asesinatos atribuidos a la  violencia de las organizaciones criminales durante el gobierno de Calderón, que  concluye el 1 de diciembre, superaría los 60.000.

Enrique Peña Nieto, el candidato del Partido Revolucionario Institucional  (PRI), que ganó la elección presidencial del 1 de julio, ha establecido como  una de sus prioridades gubernamentales la disminución de este tipo de violencia.