Las masivas protestas contra las represas en los ríos Baker y Pascua (HidroAysén), la bullada termoeléctrica de Punta Alcalde y la mina de oro, plata y cobre de Pascua Lama. Estos son algunos de los 30 conflictos ecológicos que se viven en el país, según el Atlas Global de Justicia Ambiental del mundo, realizado por el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
La iniciativa, que contó con la participación de 23 universidades y organizaciones de 18 países y midió 76 países, detectó más de mil conflictos judiciales y sociales que involucran al medioambiente. Para 2015, se estima que se pasarán los dos mil casos.
Chile es el sexto país con más conflictos de América Latina. Antes están Colombia, con 72, Brasil, con 58, Ecuador, con 48, Argentina, con 32 y Perú, con 31.
"Históricamente la minería ha sido un sector importante económicamente para el país y siempre conlleva impactos ambientales y sociales muy graves. Por otra parte, Chile, a pesar de su riqueza relativa, ha seguido el patrón latinoamericano de las exportaciones intensivas en recursos de los sectores de minería, fruticultura, forestales y pesqueros. Esta extracción intensiva conduce inevitablemente a los conflictos que vemos, y los que aún no hemos mapeado", dice Leah Temper, investigadora de la UAB y coordinadora del atlas.
LA JUDICIALIZACION
La abogada Gabriela Burdiles, directora de proyectos de la corporación Fiscalía del Medio Ambiente (Fima), dice que la iniciativa es destacable, pero faltan conflictos que agregar.
El mapa de conflictos socioambientales en Chile, realizado en 2012 por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, contabilizó 98 disputas, 72 de ellas activas, como el conflicto por Isla Riesco, Región de Magallanes, donde un proyecto pretende explotar carbón; HidroAysén, Pascua Lama (Atacama) y Carmen de Andacollo, en la Región de Coquimbo, que ha recibido denuncias por contaminación del agua y aire.
Sobre el alto número de conflictos que termina judicializándose, Burdiles explica que eso podría reducirse si las observaciones de la comunidad se tomaran en cuenta en etapas previas, cuando puedan ser acogidas por las empresas, lo que hoy no sucede.
"Hay una instancia previa de observaciones ciudadanas, donde se podría canalizar la conflictividad que se genera por proyectos de inversión. Ocurre que la participación se da cuando el proyecto está terminado y sólo acogen observaciones de servicios públicos", dice.
Por eso, el camino tomado por la comunidad han sido los recursos de protección, que han resultado efectivos para revertir aprobaciones de proyectos.
Temper dice que detectaron siete "casos de éxito", donde los proyectos fueron detenidos o retrasados, como la Central Termoeléctrica Castilla, donde los tribunales actuaron para detener el proyecto. "Mientras los grupos indígenas son activos en la mitad de los casos, vemos que su movilización fue eficaz en cinco de los siete casos que tenemos".
La investigadora enfatiza en que el objetivo del atlas es hacer visibles los conflictos ecológicos y su ubicuidad. "La mayoría de la gente escucha sobre los derrames de petróleo, como el del Exxon Valdez o BP, pero el mapa muestra que la extracción de los recursos conlleva costos ecológicos que se exteriorizan en las poblaciones más marginadas: pueblos indígenas, mujeres, niños y las comunidades de subsistencia", concluye.
