La organización terrorista ETA quiere abrir un diálogo con el gobierno español de Mariano Rajoy, algo más de seis meses después de haber anunciado el cese definitivo de la violencia, de cara a su desarme y para abordar la situación de sus presos.

Así se desprende de las conclusiones publicadas hoy por la llamada Comisión Internacional de Verificación (CIV), un grupo de mediación no reconocido por el gobierno de Rajoy.

Hasta ahora, el Ejecutivo conservador, en La Moncloa desde diciembre pasado, ha rechazado cualquier diálogo con el grupo separatista vasco.

"No habrá ninguna negociación", dijo hoy de nuevo la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, poco antes de conocerse el informe de la CIV. A ETA "sólo le cabe una opción, que es disolverse".

La CIV ha tenido contacto directo con la organización separatista armada y entre el jueves y hoy, en su tercera visita al País Vasco, se reunió allí con el Ejecutivo regional, en manos de los socialistas, con todas las formaciones políticas excepto el Partido Popular (PP) de Rajoy, que se autoexcluyó, así como con sindicatos, patronal y organizaciones sociales como la Iglesia católica.

ETA está "preparada para dialogar sobre asuntos prácticos relevantes para consolidar el proceso", señaló la CIV en un comunicado.

La creación de este grupo mediador fue impulsada en septiembre de 2011 por la llamada "izquierda abertzale" -la izquierda independentista radical vasca que antaño ejerció como brazo político de ETA- y el abogado sudafricano Brian Currin. Está compuesta por expertos en procesos de paz y seguridad de varias partes del mundo.

La CIV ha confirmado el cese definitivo de la violencia anunciado por ETA en octubre de 2011 y descarta cualquier tipo de atentado por parte de la organización separatista vasca, que desde los años '60 ha matado a más de 800 personas en su pretensión de lograr la independencia del País Vasco del resto de España.

"El cese definitivo va en serio", aseguró el portavoz de CIV, Ram Manikkalingam, en declaraciones a la televisión vasca ETB.

El gobierno de Rajoy anunció la semana pasada un plan de reinserción para los presos etarras que facilita su acercamiento a las cárceles del País Vasco. Se trata de su primera aportación al nuevo tiempo que se ha abierto tras el anuncio etarra de octubre pasado y ha generado críticas entre asociaciones de víctimas del terrorismo.

La CIV saludó hoy ese plan, pero instó al Ejecutivo español a tomar más medidas. "Es un primer paso que esperamos tenga seguimiento en la misma dirección", manifestó.

En las cárceles de España hay algo más de 550 presos de ETA, la mayoría de ellos en prisiones de fuera del País Vasco, en el marco de una política de dispersión que se puso en marcha a finales de la década de los 80 bajo el argumento de impedir una coacción del grupo armado sobre la reinserción social de sus miembros.

El programa anunciado por el Ejecutivo de Rajoy supone la constatación de un punto de inflexión, aunque tímido, en la línea que hasta hace no mucho defendía el hoy gobernante Partido Popular (PP), que se opuso al malogrado proceso de diálogo que el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero abrió con ETA en 2006.