La muerte de 339 inmigrantes africanos en el naufragio de un barco frente a las costas de Lampedusa, en Italia, y la expulsión de una estudiante kosovar de etnia gitana en Francia -a quien ayer se le permitió retornar al país, pero sin su familia- han puesto en el tapete el tema de la inmigración en Europa, donde a la llegada de expatriados por el Mediterráneo, que no tiene visos de disminuir, se suma el éxodo provocado por el estallido de la Primavera Arabe, en 2011, y el desgobierno en el que quedaron algunos de los países tras derrocar a los viejos regímenes. Frente a este escenario, en el Viejo Continente se ha posicionado cada vez más un discurso antiinmigración como consecuencia del auge de los partidos de ultraderecha, lo que ha derivado en un endurecimiento sin precedentes de las normativas en materia de inmigración.

REINO UNIDO

Ya en marzo el primer ministro David Cameron había declarado: "El acceso a los servicios públicos debe ser algo que los inmigrantes se ganen y no un derecho automático". La inmigración es uno de los caballos de batalla del gobierno británico, que ha prometido reducir para 2015 la cifra de inmigrantes sin papeles de "cientos de miles" a "decenas de miles". Desde hace ya dos años en Reino Unido -país que no forma parte del Acuerdo de Schengen de libre circulación- están en vigor disposiciones muy estrictas para impedir la llegada al país de inmigrantes procedentes de la Europa "pobre" y particularmente de rumanos y búlgaros. Pero ahora Cameron planea una reforma con la Ley de Inmigración, con el objetivo de seleccionar a los inmigrantes que entran al país y simplificar los trámites de deportación. Pretende además impedir el recurso a entidades superiores en caso de negociación de asilo. Los inmigrantes que estén poco tiempo tendrán que pagar sus gastos de salud y los propietarios de viviendas deberán comprobar el estatus de sus inquilinos. Asimismo, se verificará el estatus de residencia de extranjeros antes de que puedan sacar el carné de conducir y los bancos estarán obligados a chequear la situación legal de los foráneos.

ITALIA

Tras el fatídico naufragio en Lampedusa, el primer ministro de Italia, Enrico Letta, ordenó triplicar el número de unidades navales y aéreas que vigilan las costas del país y el canal de Sicilia. Sin embargo, Letta volvió a insistir en la conveniencia de reformar la ley Bossi-Fini sobre inmigración, que considera "delincuentes" a los inmigrantes ilegales. La norma de 2002, nombrada así por sus promotores, Umberto Bossi (Liga Norte) y Gianfranco Fini (Alianza Nacional), prevé el delito de complicidad con la inmigración ilegal para quien lleve a Italia a inmigrantes sin permiso de entrada, aplicable, por tanto, a quienes asisten a barcos de indocumentados en apuros. Además, en 2009 entró en vigor el delito de inmigración ilegal, que no conlleva penas de cárcel, pero sí multas y una más rápida expulsión de los indocumentados. No obstante, fue en el año 2011, con la explosión de la Primavera Arabe y la llegada de inmigrantes tunecinos a las costas del sur de Italia, cuando el Ejecutivo de Silvio Berlusconi radicalizó aún más su política migratoria. Instauró así la obligatoriedad del examen de italiano para renovar los permisos de residencia y el visado por puntos para todos los inmigrantes y amplió de seis a 18 meses el plazo máximo de retención a ciudadanos extranjeros en los centros de expulsión.

ESPAÑA

Bajo el mismo argumento esgrimido por Cameron en Reino Unido, el gobierno español de Mariano Rajoy excluyó a los inmigrantes en situación irregular del Sistema Nacional de Salud alegando un supuesto abuso por parte de los extranjeros de los servicios sanitarios estatales. Miles de inmigrantes indocumentados quedaron sin cobertura médica a partir del 1 de septiembre de 2012 tras la decisión del Ejecutivo de retirarles la tarjeta de salud, como parte de sus severos recortes sociales. Según la prensa local, los inmigrantes en situación irregular tendrán derecho exclusivamente a las urgencias, la maternidad y la atención infantil hasta los 18 años. En tanto, polémica ha generado el proyecto de reforma del Código Penal, el cual contemplaría un artículo que sanciona con multas y penas de cárcel a quienes "intencionadamente" ayuden a extranjeros indocumentados a "permanecer" en España. Sin embargo, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, señaló que no se contempla sancionar a quienes presten ayuda humanitaria a los inmigrantes, sino la actividad de las mafias, de los grupos organizados y de quienes hagan trata de personas. "Jamás, jamás, cualquier ayuda realizada a los inmigrantes cuando sea humanitaria será punible", insistió Gallardón.

FRANCIA

Durante la última campaña presidencial, la líder ultraderechista Marine Le Pen acusó a la inmigración, oficialmente evaluada en 200.000 entradas al año, de ser la responsable de todos los males del país. El ahora ex presidente Nicolas Sarkozy no dudó en entrar de lleno en el debate: "Si las fronteras de Europa no se protegen de una inmigración descontrolada (...) ya no habrá un modelo francés y tampoco una civilización europea", advirtió. Su búsqueda por el electorado conservador lo llevó a aprobar en mayo de 2011 la quinta Ley de Inmigración de Francia desde 2003, la que en un principio contemplaba el retiro de la nacionalidad a las personas naturalizadas en el país que atentaran contra policías y agentes de la autoridad. Finalmente, Sarkozy tuvo que echar marcha atrás en este aspecto. Asimismo, proporcionó una cobertura legal para expulsar a los inmigrantes gitanos provenientes de Rumania o Bulgaria. También el socialista François Hollande, a la postre vencedor de las elecciones, cedió a la presión de Le Pen y aseguró días antes de la segunda vuelta de las presidenciales que si él ganaba limitaría el número de inmigrantes que entran en el país. Y lo está cumpliendo. El Ministerio de Interior -a cargo de Manuel Valls- indicó que en los ocho primeros meses de 2013 Francia expulsó a 18.126 inmigrantes sin papeles, y que a finales de año su número será de unos 21.000, la misma cifra de 2012.

ALEMANIA

Si bien una ley de 2005 pone el acento en la integración y permite quedarse más tiempo a los inmigrantes calificados, en 2010, después del prolongado debate sobre la integración de los extranjeros en Alemania -en especial de los musulmanes-, el gabinete de Angela Merkel aprobó un proyecto para endurecer algunos puntos de la ley de extranjería y migración, que contemplaban, entre otros, un mayor control de asistencia a los cursos de integración. Estos últimos se han vuelto obligatorios incluso para residentes de larga duración, que pueden ser obligados a realizar los cursos, que de ser rechazados podrían perder el derecho a la seguridad social, así como a la renovación de su permiso de residencia. Asimismo, Berlín, junto con Viena y Londres, ha bloqueado la demanda de Rumania y Bulgaria de adherirse al tratado de Schengen, que elimina las fronteras internas en la UE. Pero, paralelamente el gobierno de Angela Merkel aprobó en febrero una modificación de las leyes de inmigración para facilitar la incorporación al mercado laboral germano de trabajadores calificados de países que no pertenezcan a la UE, con el objetivo de paliar la escasez de empleados en algunos sectores productivos. En 2012, cerca de 966.000 extranjeros llegaron a Alemania para probar suerte, lo que representa un alza del 15% con respecto de 2011 y un récord desde 1995.