Evo Morales cede y suspende ley minera para evitar más protestas

Fueron una fuerza clave en el derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada, en octubre de 2003. También colaboraron en el ascenso al poder de Evo Morales, en 2005. Sin embargo, ahora se han movilizado contra el propio gobierno. Se trata de los cooperativistas mineros bolivianos que en los últimos días han encabezado violentas protestas en rechazo a una nueva ley que regula el sector.

Se sienten traicionados y por ello no dudaron en salir a las calles y cortar carreteras en cuatro de los nueve departamentos de Bolivia, con dinamitas y piedras. Los enfrentamientos con la policía provocaron decenas de heridos y la muerte de dos mineros, por lo que al presidente no le quedó más remedio que ceder, con lo cual suspendió ayer el tratamiento de la nueva ley minera en el Congreso para buscar "consensos".

El conflicto tiene el siguiente origen: hace dos semanas, Evo Morales prometió aprobar, "sin cambiar una coma", un proyecto de ley que les permitiría a los mineros informales (unos 150 mil en todo el país) asociarse con empresas privadas y transnacionales, si caen los precios de los minerales.

Pero en la Cámara de Diputados, controlada por el oficialismo, se cambió ese artículo por inconstitucional. El gobierno pretendía ratificar la potestad exclusiva y constitucional del Estado en la firma de los contratos mineros con privados. Según el oficialismo, lo que exigían los cooperativistas podía generar que los privados se aprovecharan de las condiciones tributarias preferentes otorgadas a estos mineros y se apropiaran de los yacimientos de minerales como plata, zinc y estaño.

Según dijo a La Tercera el analista boliviano Sergio Molina, "los mineros son duros, y tienen secuestrados policías, es una situación complicada para el presidente. Será una batalla que Evo dará de cara a las elecciones (de fin de año)".

Para el cientista político paceño, Carlos Cordero, "esta es una señal del mal momento que atraviesa el MAS. La paralización de la ley minera es el reconocimiento de errores gubernamentales cometidos en su elaboración y del presidente que recomendó su aprobación. Esta ley está manchada de sangre de mineros y ninguna indemnización o enmienda legal va a limpiarla, sólo el voto castigo".