Evo Morales firmó este viernes un decreto para transferir el equivalente a 32 millones de pesos chilenos a la Aduana Nacional de Bolivia para que se pague la multa impuesta por la Justicia chilena a nueve funcionarios bolivianos detenidos desde marzo, con el propósito de que se haga efectiva su expulsión de ese país.
"Para cubrir esta multa de cerca de 50.000 dólares ya firmamos el decreto supremo para que nuestros hermanos bolivianos vuelvan pronto a Bolivia", dijo Morales en un discurso en la región de Pando, en el norte del país, donde entregó fondos para obras de desarrollo.
Morales ratificó que considera "injusta" la condena de tres años de cárcel dictada esta semana por un juzgado chileno para siete funcionarios de la Aduana y los dos militares que los acompañaban, cuando fueron detenidos el pasado 19 de marzo en la frontera.
Los aduaneros fueron condenados por robo con violencia y contrabando y los dos militares por porte ilegal de armas.
El Juzgado de Pozo Almonte también conmutó la condena por la expulsión de los nueve acusados, prevista para las próximas horas, previo pago de la multa.
Las autoridades de Bolivia alegan que el grupo realizaba un operativo contra el contrabando en la frontera, mientras que el gobierno de Chile defendió que cruzaron la frontera armados con la intención de robar mercaderías de camiones.
En principio, las autoridades de la Aduana habían informado que por medio de una colecta se pagó los honorarios de los abogados y con otro procedimiento similar se planeaba pagar la multa, pero el Gobierno rechazó la iniciativa y desautorizó la recaudación.
Horas antes de la intervención del Presidente Morales, el ministro de Justicia, Héctor Arce, desmintió que el Gobierno haya solicitado a los empleados aduaneros hacer una colecta y aseguró que el Estado boliviano hará "con toda dignidad" el pago de la multa.
El mandatario también volvió a criticar la sentencia asegurando que supone una "muerte civil" porque la justicia chilena prohibió a los empleados aduaneros ingresar por diez años al territorio de ese país y a los militares por veinte años.
Morales dijo que esa decisión tomada en Chile vuelve a los nueve funcionarios "mártires por la reivindicación marítima" de Bolivia, al considerar que las autoridades de Santiago tomaron una represalia ante el histórico reclamo de un acceso soberano al Pacífico.
