Después de que la Subsecretaría de Prevención del Delito realizara un estudio -dado a conocer ayer por La Tercera-, donde se estableció que uno de cada cuatro reos indultados en 2012 volvió a delinquir, ex autoridades del gobierno del Presidente Sebastián Piñera defendieron el beneficio impulsado por su administración y aprobado en esa oportunidad por el Congreso.

El análisis de La Moneda se levantó luego de que, en noviembre pasado, la Fundación Paz Ciudadana diera a conocer un índice de victimización que llegó a su máximo histórico (43,5%). Tras este informe, el gobierno analizó los datos de los 4.209 reos indultados en 2012, a partir de un cruce de información entre las policías y Gendarmería, concluyendo que 900 de ellos fueron detenidos nuevamente.

Al respecto, el ex ministro de Justicia, en el periodo entre julio de 2011 y diciembre de 2012, Teodoro Rivera, respaldó la medida. "Considerando la situación carcelaria existente en ese momento, donde la sobrepoblación había aumentado sustancialmente por la destrucción de muchos penales de la zona centro de Chile, fue una medida adecuada", dijo.

De acuerdo a Rivera, estos indultados cumplían mayoritariamente sus penas en reclusión nocturna y "solamente iban a dormir a las dependencias de Gendarmería". El resto de los beneficados -indicó-, eran extranjeros condenados, a quienes se les expulsó del país.

En ese sentido, pese a que calificó como "preocupante" que casi un 25% de los indultados volviera a delinquir, señaló que era de "esperar que su tasa de reincidencia no fuera del 40%, que es la tasa que tienen los condenados que están privados de libertad".

Agregó que "creer que el mejor sistema es tener a la gente encerrada hasta el último día es un error; lo que hay que hacer es sustituir la cultura criminal por la del trabajo".

El ex subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira, calificó el estudio como "un  montaje comunicacional del Gobierno de Bachelet, que carece de rigor y honestidad". Para Lira "esta cifra (de 900 indultados reincidentes) no incide en los malos resultados obtenidos este año en indicadores de delincuencia".

La ex autoridad, quien está a favor de los indultos, duda de la cifra de reincidencia establecida por la subsecretaría actual: "No se sabe si fueron controles de identidad o si esas personas fueron condenadas".

El diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) concide con Lira, señalando que "la reincidencia se produce en el minuto que la persona es condenada. Esas 900 personas  pasaron por el sistema de justicia, pero no han sido condenadas de nuevo".

VERSIÓN DEL OFICIALISMO

El ministro de Defensa, Jorge Burgos, fue uno de los parlamentarios que en 2012 apoyó esta Ley de Indulto General.

Pese a que cree que casi un 25% de indultados reincidentes   es una "cifra alta", enfatizó que "cualquier análisis debe hacerse tomando en cuenta el contexto en que se envió ese proyecto. Su tramitación se inició tras la dramática muerte de 81 personas en la cárcel de San Miguel, hecho del cual mañana (hoy)  se cumplen cuatro años. Esa fue la razón por la cual muchos la aprobamos".

Según el vocero de gobierno de la Presidenta Bachelet, Alvaro Elizalde, este procentaje de reincidencia "ha afectado los estándares de seguridad de este año". Por esto, señaló que el gobierno trabaja en una agenda corta para elevar esos estándares como, por ejemplo,  aumentar las penas respecto de la Ley de Control de Armas.

Para el diputado Gabriel Silber (DC) es "escandaloso el grado de reincidencia, un claro ejemplo de una política pública mal invocada, sin ningún tipo de seguimiento".

EXPERTOS Y ACADÉMICOS

De acuerdo al académico de la U. de Santiago, Mauricio Olavarría, "estas cifras son relativamente estándar respecto de otros procesos similares de reinserción (...) nunca se da una reinserción social 100 por ciento, siempre existe un número que reincide por diversas circunstancias".

Para el director del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la U. de Chile, Hugo Frühling, a estas personas se les benefició con el indulto en el marco de una emergencia: "Si el Estado no puede proveer una mínima seguridad para los presos, el riesgo es que salgan antes del plazo previsto por la sentencia".