Ricardo Escobar fue director del Servicio de Impuestos Internos entre 2006 y 2010, bajo el primer mandato de la Presidenta Miche-lle Bachelet. Seis meses después de dejar el sector público recaló en Ernst & Young, pero desde el año pasado dirige su propio bufete junto al litigante Jorge Bofill y, desde marzo, la ex ministra de Obras Públicas Loreto Silva. El abogado es un referente en el área tributaria. Por ello, el año pasado fue contactado por la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) para analizar el entonces programa de reforma tributaria. Escobar invitó para ello a otros especialistas: los juristas Juan Manuel Baraona, Soledad Recabarren y Carlos Boada y el economista Patricio Rojas. En marzo entregaron sus primeras impresiones a la CPC y ahora trabajan en un análisis más detallado -que incluya, además, propuestas- del proyecto de ley que ya despachó la Cámara de Diputados y que ahora analizará el Senado. Su trabajo es ad honorem, asegura Escobar. "Yo he trabajado gratis desde el año 90 en estas cosas, siempre ayudé a todos los ministerios y el tema me preocupa, me interesa que haya una buena legislación, quiero que a la Presidenta le vaya bien y que esto le resulte", asegura. Dice que colaboró con Alejandro Foxley, Eduardo Aninat y Nicolás Eyzaguirre, que nunca militó, pero que fue simpatizante concertacionista. En 2013 apoyó a Andrés Velasco y ahora participa en Fuerza Pública. Y sabe que su mirada, crítica del proyecto, puede generar malestar en el gobierno, donde hoy hay varios que antes trabajaron con él en el primer período bacheletista. "Me parecería injusto que se me critique por dar mis opiniones respecto de cómo hacer que la Presidenta recaude US$ 8.200 millones y cumpla lo que importa de su programa, que es financiar las grandes reformas de educación y mejorar la equidad en Chile, minimizando impactos negativos en la economía", agrega. En su primera entrevista sobre la reforma tributaria, Escobar no esconde sus temores. El mayor es que, tal cual está construido el proyecto de ley, ponga en riesgo el objetivo recaudatorio que persigue.

El proyecto de reforma tributaria, ¿es un bueno o malo?

No hay proyectos buenos o malos, depende de lo que uno esté analizando. Creo que el proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados debe ser mejorado, porque tiene riesgos complejos. Uno, hay dudas sobre algunos aspectos claves en cuanto a su constitucionalidad y es arriesgado, si no hay claridad frente a eso, seguir empujándolo directamente hacia una decisión que dependa del Tribunal Constitucional (TC). Hay un acto un poco temerario, porque aquí hay buenos argumentos a los dos lados. Y si es que existen otras alternativas que recaudan lo mismo, que evitan esa discusión, creo que el Senado es el lugar para empezar a conversarlas.

¿Qué aspectos pueden tener dificultades en el TC? ¿Las nuevas facultades al SII?

El primer tema complejo es la atribución de rentas, que puede caer fuera del marco del derecho de propiedad y que hace que, formalmente, un contribuyente deba tributar por una renta que no le pertenece. Ese tema es, por lo menos, dudoso y debería ser objeto de una mirada bien cautelosa en el Senado. Adicionalmente, hay aspectos de facultades del SII que requieren una mejor redacción y quizás algún rediseño para que se pueda acomodar el objetivo, que yo comparto, que es mejorar las facultades de fiscalización del Servicio frente a los abusos, con principios de debido proceso y de protección de los derechos de los contribuyentes. Creo que estos dos últimos elementos están faltando en el proyecto.

Hace un año usted planteó que se podía intervenir el Fondo de Utilidades Tributables (FUT), pero que ello traería consecuencias. El gobierno optó por eliminarlo. ¿Qué consecuencias tendrá?

Las consecuencias dependen del proyecto en su conjunto. El sistema que tenemos en Chile es uno donde el impuesto de primera categoría es un crédito contra el impuesto de los dueños, los que sólo pagan cuando retiran sus utilidades. Si se pone un tributo sobre el 100% de todas las utilidades, al momento en que éstas se devengan, que es lo que se propone hoy, con tributación final de dueños, obviamente, reduce el estímulo que había a realizar inversión, en el sentido que quedan gravadas todas las utilidades y, por lo tanto, la formación de capital que nuestro sistema estimulaba se ve reducida. Yo no soy economista y han sobrado los artículos y opiniones en estos días que dicen que abunda evidencia de que esto va a tener impacto en la inversión. Yo daré por bueno lo que opinan los expertos en ese punto.

¿Y no lo que opina el gobierno, que sostiene lo contrario: que no afectará la inversión?

Tiendo a creerle a los que han criticado el proyecto en este sentido, porque los estímulos a la inversión que incluye no son comparables a la que se está afectando con el proyecto. Si hay que recaudar US$ 8.200 millones, alguien lo tiene que pagar y eso va a tener un impacto. No se puede pensar que esto va a ocurrir en el vacío. El impacto de los tributos ocurre en un tiempo y el beneficio del gasto, un mejor capital humano, ocurre mucho después. Pero es un costo que tenemos que pagar y la pregunta es si hay otras alternativas que pueden lograr esa recaudación con un menor impacto, que creo existen. Pero me preocupan otros aspectos, técnicos y operativos. Este sistema supone que todo el mundo haga todo bien a la primera, lo cual, como sabemos, no ocurre necesariamente así. Estoy tratando de imaginarme cómo será el día en que venza la presentación de declaraciones juradas, donde docenas de miles de empresas tendrán que entregar información que es esencial para la siguiente empresa en la cadena, cómo va a ocurrir el flujo de información de la utilidad devengada en una sociedad que tiene que ser reconocida en la sociedad que está más arriba, y esa a la que le sigue y esa al fondo mutuo o lo que sea, y ésta hasta que llegue a la persona natural o a un inversionista extranjero. En un método que es único -porque no conozco en el mundo un sistema donde todos los contribuyentes declaren sus rentas sobre una base devengada-, el flujo de la información tiene problemas serios en la parte operativa. Y si eso es así y es un temor fundado, podemos estar poniendo en riesgo la recaudación que se necesita con una reforma que tiene riesgos operativos y riesgos constitucionales. Me parece que lo lógico es que la clase dirigente se tome el tiempo para revisar esto con cuidado.

En el análisis del grupo que usted dirige, ¿el proyecto recauda los US$ 8.200 millones? Se ha dicho que consigue menos por una baja del crecimiento…

Hay un modelo dinámico, en el cual uno tiene que ver cuál es el impacto que tiene en el crecimiento una reforma como esta y cómo eso puede reducir o no el producto. Y en eso hay opiniones para todos los gustos. Independientemente de esa variable, que uno la pudiera dejar ceteris paribus, hay otros elementos que a uno lo hacen dudar. Me sorprende la reducción de la tasa marginal del global complementario de 40% a 35%. No va en línea con lo que se espera: que los que más ganamos, contribuyamos más. Eso no lo entiendo bien, cuesta eso un montón de plata. Y estamos viendo, por el otro lado, elementos que hacen incierto el resultado, como la menor inversión. Creo que se puede buscar un naipe con otra mejor combinación de elementos que produzca un resultado de recaudación como el que se busca, pero con un menor riesgo, asegurándose que paguen los que corresponde y no los que no queremos.

¿Usted es partidario de eliminar el FUT?

Creo que hay que modificar el que está, de todas maneras. Y bien se elimina o se reemplaza y mejora por algo totalmente diferente. La solución que se dio -hacer una tributación sobre base devengada- no es algo que me parezca viable. Hay otras fórmulas, como una combinación donde el impuesto de la empresa está desintegrado o no imputado al impuesto de las personas, que es lo que se hace en la mayor parte de los países del mundo...

Es lo que propone Manuel Marfán...

Manuel Marfán tiene una propuesta en esa línea. O bien, se podría sustituir el FUT por algún otro mecanismo donde todavía haya alguna imputación, pero que se terminen los vicios del sistema actual: los excesos de retiro, las reinversiones, las devoluciones del impuesto de primera categoría en caso de pérdida, los cascarones de FUT que no tienen activos, etcétera. Opciones hay varias y cada una tiene sus ventajas y desventajas, pero creo que tienen más ventajas que las que tiene en el proyecto actual.

¿Qué alternativas propondría?

Me reservo por ahora mi opinión.

¿Por qué?

Porque lo lógico es que esto se discuta en el Congreso.

¿Pero existen alternativas?

Desde luego. En ninguna parte está escrito cuál es la reforma que tiene que tener cada país. Uno acuerda lo que corresponde a su tradición, a su marco jurídico, a su historia, a su realidad económica, empresarial. El desafío es juntar US$ 8.200 millones con algo que calce con nuestra Constitución, con nuestro SII, con los contadores que tenemos, en cantidad y calidad, y con los recursos propios de nuestra economía, sin ojalá afectarla seriamente en su desarrollo. Ese es el desafío y cómo logramos eso, tendrá que ser el producto de un diálogo…

¿Percibe ánimo en el gobierno para dialogar, considerando su postura sobre el FUT?

Imagino que sí, que eso va a ocurrir y que hay un discurso para la galería que se ha puesto de moda. En el gobierno hay gente muy responsable.

¿Está dispuesto a exponer en el Senado?

Yo colaboro siempre y he colaborado con todos los que me lo han pedido y no será esta una excepción...

Usted estuvo en el anterior gobierno de Bachelet. ¿Cómo ve a la actual administración? ¿Más intransigente, menos razonable?

Cada gobierno debe hacerse cargo de los tiempos en los que vive. Hoy hay más efervescencia social y uno nota un lenguaje con la temperatura más arriba de lo que se acostumbraba ocho años atrás, lo que no me sorprende. Lo que me sorprendería es que eso, que es natural, termine llevando a decisiones de mala política. Confío en que una cosa es la manera en que se tienen estas discusiones públicas y otra es cómo se terminan tomando las decisiones y adoptando las políticas que de verdad buscan los resultados que Chile necesita en el mediano y largo plazo.

¿Qué opinión tiene del ministro de Hacienda, Alberto Arenas?

Tengo mucha confianza en su capacidad técnica y en que va a sacar una buena reforma para la Presidenta. Alberto es una persona con mucha experiencia política, tiene toda la competencia que se necesita y el Congreso es una oportunidad para revisar el trabajo.

¿Incluido el corazón de la reforma y el fin del FUT, que Arenas dice que no cambiará?

Al final, lo que importa es el sistema tributario en su conjunto y recaudar lo que se requiere. Recaudar de verdad US$ 8.200 millones, ese es el corazón de la reforma.

Para resumir, le vuelvo a repetir la primera pregunta: ¿El proyecto es bueno o malo?

Creo que este proyecto pone en riesgo el objetivo de recaudación y desde ese punto de vista, no me gusta. Puede caerse por problemas de constitucionalidad, por problemas operativos, por la litigiosidad con los contribuyentes.