Ex dirigentes universitarios acusan riesgo de retención de títulos tras sumarios post tomas

El pasado jueves 4 de enero la ex presidenta de la Federación de Estudiantes de la U. de Santiago, Marta Matamala, recibió una notificación en la que se le informó la formulación de dos cargos en su contra como parte de un sumario que enfrenta por los desmanes ocurridos en ese plantes en la toma realizada en agosto de 2015 que duró cerca de un mes.

La ex dirigenta, quien ya finalizó su carrera, arriesga que la institución le retenga su título por un semestre y tiene hasta este jueves para hacer sus descargos.

Según indica el documento del sumario, se le acusa por "haber liderado un conflicto entre el 12 de agosto y el 20 de septiembre de 2015 que dejó como consecuencia la devastación del patrimonio institucional, agresiones físicas a funcionarios que se encontraban trabajando al momento de iniciarse la toma estudiantil, y el hurto y robo de bienes fiscales, y bienes personales de los administrativos del edificio de casa central de la Universidad de Santiago de Chile".

Además, de "haber permitido una violencia innecesaria, absteniéndose de aplicar criterios tendientes a desviar el curso de los acontecimientos dañosos hacia la protección del patrimonio institucional y de la integridad del personal administrativo, pudiendo hacerlo".

Matamala señaló que la toma del recinto "duró del 12 de agosto al 16 de septiembre, ya que el último día se llegó a acuerdo para bajar la toma. Firmamos y nos fuimos. Cuando volvimos había puertas rotas y cosas que no estaban".

A raíz de la notificación y la posibilidad de que la universidad retenga su título, Matamala manifestó que "que es una persecución y puede sentar un precedente para futuros dirigentes. Cualquier persona vocera de un proceso colectivo pueda ser acusada por situación que es producto de las decisiones de un grupo".

En esa línea, el actual presidente de la Feusach, Juan Pablo Latorre, manifestó su apoyo a la ex líder estudiantil: "Respaldamos tanto política como institucionalmente a la ex presidenta".

Una situación similar está viviendo el ex presidente de la U. de Tarapacá, Eddie Araya, quien también enfrenta un sumario tras una toma del plantel y podría verse afectado con la retención de su título como sanción.

"Con esto nos queda la sensación de tener más cuidado, de que no está muy bien meterse en relaciones políticas en la universidad y sobretodo porque sabemos que hay estudiantes que ya los han echado. Tenemos el caso cercano del presidente de la U. Alberto Hurtado, ahora el de Marta y no sabemos cuáles van a ser las consecuencias", afirmó Araya.

Gustavo Orellana, ex presidente de la Federación de Estudiantes de la U. Alberto Hurtado, relató que en 2016 tuvieron una gran movilización que incluso tuvo al rector acusando a los estudiantes de secuestrarlo en su propia oficina tras una funa.

Este movimiento se extendió por más de tres meses y finalizó con el 20% de los estudiantes con nota 1.0 en varios ramos. "Eso repercutió en más 260 estudiantes expulsados por 'causal académica'. No suficiente con ello, al día siguiente me someten a mí y a 24 compañeros más a un sumario interno como los causantes de los daños de la toma. Finalmente fuimos suspendidos por un año de la universidad, que en verdad terminaron siendo dos porque nos tramitaron la ejecución del fallo hasta final de año. Después de eso muchos otros rectores tomaron el ejemplo del rector Silva para hacer lo mismo en sus universidades", afirmó.

Frente a la denuncia de Matamala, La Tercera consultó con el secretario general de la U. de Santiago, Gustavo Robles, quien señaló que no existe tal medida disciplinaria en el plantel.

"Yo no sé de dónde sacó ella que cuando se le formulan cargos en una investigación, significa que esté castigada y mucho menos que se le impida poder titularse. Esa sanción no existe en nuestro plantel. En un sumario pueden amonestar, suspender o expulsar, pero ¿cómo vamos a expulsar a una alumna que está titulándose? Esa medida en nuestra reglamentación no existe", explicó Robles.

Matamala tiene hasta el jueves 10 de enero para realizar sus descargos ante Fiscalía.