La jueza argentina y ex esposa de Alberto Nisman pidió hoy "no seguir politizando" la muerte del fiscal, además reclamó independencia para el poder Judicial y sugirió que no se trató de un suicidio, durante una audiencia convocada por la oposición en el Senado.
La jueza demandó "prudencia, respeto y ética" para la investigación del fallecimiento de Nisman, que murió de un tiro en la cabeza en su casa el pasado 18 de enero, en circunstancias que no han sido esclarecidas, en vísperas de acudir al Congreso a detallar su denuncia contra la presidenta argentina por presunto encubrimiento de sospechosos iraníes de un atentado contra intereses judíos.
"Estamos en un momento muy difícil para llevar adelante una investigación totalmente despojada de todo condicionamiento e interferencia", dijo la magistrada, que pidió "no seguir politizando un hecho en el que todavía restan muchas cosas por despejar más allá de la convicción que tiene la familia en su totalidad".
Arroyo Salgado, que ha sostenido públicamente que no comparte la hipótesis del suicidio del fiscal, reclamó "la independencia del poder judicial y del Ministerio Público Fiscal", encabezado por Alejandra Gils Carbó, cuestionada por la oposición por su cercanía con la presidenta, Cristina Fernández.
La jueza apuntó además contra "la desmedida exposición mediática" que tuvieron las pruebas y las pesquisas de la investigación y consideró que eso "facilita la impunidad" y "aleja de la verdad".
"Concurro a este espacio institucional con el convencimiento de que la búsqueda de la verdad y justicia constituyen una política de Estado", afirmó Arroyo Salgado, que participó en una audiencia convocada por la oposición en el Senado que se desarrolla de forma paralela a la sesión en la Cámara Alta impulsada por el oficialismo para avanzar en la reforma de los servicios de Inteligencia.
La audiencia pública continuará con discursos de líderes opositores, familiares de víctimas del atentado a la AMIA e intelectuales, entre otros.
Mientras tanto, el oficialismo se prepara para aprobar en el Senado la reforma de los servicios de inteligencia y girar el proyecto a la Cámara de Diputados para su tratamiento final.
La iniciativa de cambios en Inteligencia fue anunciada por el Ejecutivo tras la muerte de Nisman, que el Gobierno enmarca en una operación de desestabilización de agentes secretos desplazados de sus cargos en diciembre pasado.
