Tras casi dos años y medio de investigación, los abogados de la empresa Tata y la ex fiscal del caso Registro Civil, Alejandra Godoy, llegaron a un acuerdo: decidieron desistirse de las querellas contra la persecutora por vulneraciones que sufrieron algunas defensas durante las indagatorias por los cuestionamientos de la licitación de la plataforma tecnológica del servicio que fue adjudicada en US$ 80 millones a la multinacional en 2008.

El trato consistió en que los procesos se terminarían si Godoy aceptaba pedir disculpas al gerente general para Latinoamérica de Tata, Henry Manzano; a los abogados Jorge Bofill, Miguel Chaves y Carlos Balbontín, y el ex ejecutivo de la empresa, Andrés Tupper.

Los abogados recurrieron a tribunales en 2010 aduciendo que se habían efectuado una serie de vicios investigativos, como interceptaciones ilegales de conversaciones telefónicas con sus defendidos y algunas personas que no estaban imputadas.

Tanto Manzano como Tupper se sometieron a la suspensión condicional del procedimiento en su contra y la fiscalía Centro Norte los excluyó del juicio oral donde fue condenado el ex director del Registro Civil, Guillermo Arenas, a tres años de pena remitida por la suscripción de un contrato con la Universidad de Santiago y asesorías irregulares, quedando fuera la arista sobre la licitación. Finalmente, el 2 de julio, la fiscal Godoy, que ahora está en la fiscalía Oriente, firmó un documento en que pidió disculpas y excusas.

La Tercera accedió al texto que señala que esa investigación fue "difícil y compleja, a un ritmo de trabajo agobiante, y lamentablemente con medios investigativos limitados (...) se configuraron situaciones que, siendo su responsabilidad, las asume como errores desprovistos de toda mala fe". Agrega el documento que "expresa sus excusas (...) por los agravios que, ajenos a toda mala intención, pudieren haberse ocasionado a dichas personas. Conforme a ellos expresamente, se excusa respecto a todos ellos, por comportamientos de un trato injusto y/o que pudieron provocar efectos inconvenientes de diversos orden a éstos, a sus familias y a la empresa Tata".

En la última parte del texto se indica que "siempre se actuó de buena fe, inspirada en el principio de objetividad que debe guiar el actuar de todo fiscal y que si se cometió algún error, fue en razón de la presión generada por la intensidad del trabajo y un excesivo celo investigativo, y también la valoración de la prueba inicial, la que posteriormente fue desvirtuada". Luego de esto, el escrito fue ingresado al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde se deberá decretar el sobreseimiento de las querellas contra Godoy, dado que los abogados decidieron desistir de ellas tras las disculpas.

Jorge Bofill, que defendió a Manzano y a Pablo Cisternas, indicó que "el sobreseimiento definitivo a favor de los señores Manzano y Cisternas es una clara e indesmentible demostración de la falsedad de las acusaciones. Valoramos el reconocimiento de la señora fiscal, por cuanto confirma la inexistencia de elementos probatorios y admite los errores cometidos en la valoración de las pruebas". Además dijo que "las querellas contra el supuesto 'testigo clave del caso', Flavio Venturini, seguirán adelante". En el proceso, Godoy fue representada por el estudio Puga Ortiz, quienes declinaron dar declaraciones. Fuentes ligadas a su defensa señalaron que la fiscal nunca fue formalizada y que se llegó al acuerdo para terminar un proceso que se arrastraba durante varios años.