Tras reconocer su responsabilidad en el delito de maltrato animal, el ex jefe de Higiene Ambiental de la comuna de San Joaquín, Luis Donoso, fue condenado en juicio simplificado a cumplir una pena remitida de 41 días de presidio, por la matanza de más de una veintena de perros callejeros durante el año 2008.

La condena se obtuvo en torno a dos hechos, el primero de ellos ocurrido en abril de 2008, cuando Donoso ordenó exterminar a cerca de diez perros en el Parque la Castrina de la mencionada comuna, a través de inyecciones letales aplicadas a los animales.

El segundo hecho ocurrió en octubre del mismo año, cuando funcionarios municipales retiraron unos 19 caninos desde un domicilio donde eran cuidados por una mujer, los que luego fueron sacrificados en el Parque Isabel Riquelme, también por orden de Donoso.

El fiscal de la Zona Sur, Jorge Cáceres se mostró conforme con el fallo, ya que "lo que más nos importaba era poder condenar a alguien y dar un mensaje de que no es posible cometer maltrato animal, y cuando ocurra eso las personas pueden ser condenadas. Es una pena que es pequeña, pero es una sanción establecida antes de la modificación de la Ley de Protección Animal en 2009, donde estos delitos sólo eran sancionados con multa".

"Esto marca un precedente importante y es un mensaje claro a la sociedad sobre la tenencia responsable de animales", dijo el fiscal quien explicó que "en Chile sólo es posible exterminar animales cuando éstos son un peligro para la seguridad de las personas o cuando están con dolencias y hay que evitarles mayor dolor".

La fundadora de ProAnimal Chile y querellante en la causa, Patricia Cocas, manifestó que ojalá "este resultado sirva de impulso también para que se apruebe el proyecto de Ley de Tenencia Responsable, por el cual hemos trabajado cuatro años,  el que entrega de una vez por todas una solución definitiva a la situación de los animales en las calles, evitando que casos como estos se repitan, pues se centra en la tenencia responsable de animales, en el control de población canina y felina vía esterilización y en la sanción para el abandono de animales".

Los otros cinco funcionarios municipales imputados en la causa fueron sometidos a la suspensión condicional del procedimiento, tras acordar el pago de 1 UTM a la fundación Proanimal, y ofrecer disculpas públicas.

"Logramos establecer que éstas eran órdenes del director de higiene y medioambiente que es la persona que fue condenada", dijo el fiscal explicando el acuerdo.