En medio de la polémica por los despidos tras el cambio de mando, el pasado 28 de marzo cuatro ex funcionarias públicas demandaron al ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y al subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Ricardo Cifuentes, por "discriminación arbitraria".
La acción, interpuesta por el abogado Cristián Letelier en el Octavo Juzgado Civil de Santiago, invoca la norma 20.609, más conocida como Ley Zamudio, sosteniendo que las mujeres fueron "destituidas de sus cargos por el solo hecho de tener una ideología política distinta a la del gobierno en actual funcionamiento".
Las ex trabajadoras ejercían cargos técnicos en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo en el gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera y contaban con un contrato hasta el 31 de diciembre de 2014.
Uno de los casos denunciados es una mujer que -de acuerdo al documento- ingresó a trabajar al gobierno el 13 de agosto de 2012 a honorarios.
El pasado 1 de enero "calificó para pasar a contrata, siendo su función principal la coordinación del proyecto 'Apoyo en gestión de las direcciones de desarrollo comunitario', en el Departamento de Desarrollo Municipal", señala la demanda.
El otro caso es de una ex funcionaria que se desempeñaba desde el 1 de enero de 2011 a honorarios, siendo contratada en septiembre de ese mismo año hasta diciembre de 2014 como asesora del Departamento de Academia y Capacitación Municipal y Regional. A estos se suman los casos de otras dos ex empleadas. Una trabajaba en la unidad de gestión de calidad municipal y otra en el área de desarrollo municipal.
Sin embargo, el pasado 25 de marzo -a dos semanas desde el cambio de mando- todas fueron despedidas, "sin que se les indicara el fundamento de dicha resolución", señala la demanda.
Consultado el Ministerio del Interior por estos hechos, indicaron que no se referirán a al tema, porque se encuentra en curso un proceso judicial.
DENUNCIAS EN EDUCACION
A estas acciones legales se suman otras dos por los mismos hechos, donde se invoca la Ley Zamudio.
Una presentada el pasado 30 de abril contra la vicepresidenta ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), Gladys López de Maturana, por el despido de siete ex trabajadores de la institución. Y otra interpuesta el pasado lunes, también en contra de la misma directiva de la Junji, además del ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre.
Esta acción judicial la presentó la ex coordinadora en el subdepartamento de cobertura e infraestructura, quien también fue desvinculada tras el cambio de mando.
"El recién asumido jefe de gabinete, Leandro Rojas (...) me manifiesta que para ellos era importante tener gente de confianza y alineada políticamente, y que esto (el despido) lo hacía por encargo de la vicepresidenta ejecutiva demandada, quien, a su vez, recibió instrucciones del señor ministro de Educación, don Nicolás Eyzaguirre Guzmán, de "limpiar" ese servicio de personas que no fueran políticamente afines a las ideas del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet", indica el libelo presentado en los juzgados civiles.
Consultada la cartera por el contenido de las demandas, señalaron que "el ministro no dio esas instrucciones y esas no son las formas que tiene para relacionarse con otras personas".
Además, señalaron que aún no han sido notificado y que "la Junji es una corporación autónoma, con una personalidad jurídica propia, descentralizada en sus funciones, y no depende del Ministerio de Educación".
