El ex general Luciano Menéndez, principal acusado del crimen del obispo Enrique Angelelli en 1976, durante la  dictadura argentina, fue condenado este viernes a prisión perpetua y se ordenó  revocar la prisión domiciliaria que cumple por otros delitos de lesa humanidad,  informó el tribunal.

El ex militar de 87 años, que ya tiene siete condenas a prisión perpetua, fue acusado de ordenar el asesinato de Angelelli, entonces obispo en la  provincia de La Rioja (noroeste argentino), que la dictadura había encubierto  como un accidente de tránsito.

Se trata de la primera condena por el crimen de un sacerdote de alta  jerarquía en Argentina durante el régimen militar (1976-1983) y de un caso que  contó con el particular compromiso del Papa Francisco, que aportó dos cartas  con denuncias sobre la dictadura que Angelelli escribió al Vaticano antes de  ser asesinado.

La Justicia de La Rioja condenó también a cadena perpetua al otro ex militar  Luis Estrella, que como Menéndez "fue hallado culpable del homicidio del  prelado", dijo el magistrado José Quiroga Uriburu junto a Juan Carlos Reynaga y  Carlos Julio Lascano. 

Al conocerse las condenas se escucharon aplausos y gritos de alegría que  decían: "Viva Angelelli", "¡Angelelli está presente!".

El abogado Guillermo Díaz Martínez, querellante por la secretaría de  Derechos Humanos de la Provincia y de la Nación, había anticipado que el  viernes sería "un día histórico no solamente para los riojanos sino para toda  Argentina y América Latina" por esta sentencia. 

El 4 de agosto de 1976, el obispo murió a los 53 años al volcar el  automóvil en el que regresaba de un homenaje a los sacerdotes Gabriel  Longueville (francés) y Carlos Murias (argentino), secuestrados, torturados y  fusilados dos semanas antes en La Rioja.

Viajaba acompañado por su colaborador, el entonces sacerdote Esteban Pinto,  quien sobrevivió y es querellante en el juicio. 

El régimen atribuyó la muerte a una supuesta pérdida de control del auto  que conducía y cerró la causa.

Angelelli escribió en una carta al Vaticano, leída en el juicio gracias al  aporte del Papa Francisco, donde denunciaba que estaban "permanentemente  obstaculizados para cumplir con la misión de la Iglesia". 

"Personalmente, los sacerdotes y las religiosas somos humillados,  requisados y allanados por la policía con orden del Ejército", aseguró el  obispo.