El lunes 17 de julio, el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, notificó a tres importantes oficiales de Carabineros para que declararan en la investigación del Ministerio Público por lavado de activos, malversación y asociación ilícita en la policía uniformada. El fraude al interior de las filas de la institución sobrepasa los $ 25.500 millones, y hasta ahora hay 105 personas investigadas, a las cuales podrían sumarse aún más sospechosos, dado que en una de las aristas del caso declaró como imputado el ex general director de Carabineros, entre 2008 y 2011, Eduardo Gordon.

El alto oficial en retiro fue citado por Campos, a través de un oficio donde se señala que "comparezca a las 15.30 horas, en las oficinas de la fiscalía, en calle Agustinas Nº 1070 (...), con el objeto de que preste declaración en calidad de imputado en la investigación". Sin embargo, el Ministerio Público cambió el lugar de interrogatorio, por lo que Gordon llegó hasta la Fiscalía Nacional acompañado de su abogado, Leonardo Battaglia.

El está en la mira de la fiscalía, tras un análisis que el Ministerio Público hizo a una observación que la Contraloría realizó en 2010 a Carabineros, según publicó Reportajes de La Tercera. En esa advertencia, el órgano contralor cuestionó el gasto de $ 21.703.191 que hizo el Departamento de Relaciones Públicas de la institución, entonces a cargo del general Jorge Serrano, sobre "gastos de representación", el cual no estaba justificado.

Este movimiento de dinero despertó las sospechas en el fiscal, puesto que el dinero fue reintegrado por Serrano. De esta situación se enteró el general (R) Gordon, quien decidió asumir el gasto y le pagó con sus fondos los $ 21 millones a su subalterno.

Para el Ministerio Público, estos movimientos se alejan de los protocolos establecidos para la restitución de dinero. De acuerdo a fuentes del caso, se está indagando si ese monto que observó la Contraloría podría ser parte del dinero malversado por los sospechosos del fraude, y el reintegro pudo haber sido una maniobra para "tapar" los desvíos de fondos y así no despertar más sospechas de los órganos controladores.

Con estos antecedentes, los persecutores, junto a un equipo del OS-7 de Carabineros, interrogaron a Gordon por dos horas y media. Los investigadores cuestionaron el pago del ex general director y le consultaron el origen del dinero que le entregó a Serrano. En ese sentido, Gordon habría manifestado a los fiscales que los $ 21 millones salieron de su bolsillo y no de las arcas institucionales.

Un general activo

Jorge Serrano Espinosa era hace tres semanas secretario general de Carabineros, es decir, parte del círculo de oficiales más cercano al general director, Bruno Villalobos. Sin embargo, el 26 de junio fue removido del cargo, siendo sustituido, aunque fue dejado a cargo de la Dirección de Personas de la institución.

El oficial, quien se encuentra activo, fue citado para declarar hoy como imputado ante los fiscales. Su testimonio resultaría clave, puesto que los interrogadores buscan dilucidar por qué pagó el dinero que faltaba con fondos personales, cuál era su interés en restituirlos y por qué Gordon se los devolvió.

Hasta esta noche, Serrano no había sido dado de baja y no está sujeto a sumarios, ya que se cree, al interior de la policía, que hizo la restitución del dinero para no ver afectada su carrera funcionaria. Marco Tello, subdirector de la institución policial, señaló sobre el caso del oficial Serrano que "cuando se tengan todos los antecedentes Carabineros va actuar conforme a derecho".

Quien fue jefe de Finanzas en 2010 era el general (R) Iván Whipple, quien también llegó este miércoles a declarar ante el fiscal Campos y su equipo. El ex alto oficial señaló que el dinero no salió de las arcas institucionales y que creía que Serrano pagó los $ 21 millones para que no se abriera un sumario en la dirección de la cual estaba a cargo.

Estas diligencias podrían ser utilizadas por la fiscalía para preparar una eventual formalización de los generales imputados, quienes podrían sumarse al ya formalizado general (R) Flavio Echeverría, único alto oficial que ha enfrentado el levantamiento de cargos en el fraude.