Una serie de diligencias ha realizado la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI en el caso de presunta estafa en la Ciudad Deportiva. Esto, luego de que en mayo Iván Zamorano y su socio, Alejandro Kock, se querellaran -a través de su empresa Del Inca Sociedad de Inversiones, que es la concesionaria del espacio físico donde está el recinto- en contra del ex gerente general de esa firma, Miguel Fernández Ainzua.

Entre las pesquisas, la policía interrogó como testigo a Kock, y como imputados a Fernández, ingeniero civil industrial de la UC, y al dueño de la empresa RedSolución, José Miguel Guzmán Pérez. Para fines de este mes se espera que Zamorano, quien reside desde agosto de 2016 en Miami, Estados Unidos, declare en Chile en la causa a cargo del jefe de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía Oriente, Roberto Contreras.

Según la querella, Fernández (quien era "su hombre de confianza") habría pagado a Guzmán -a través de su empresa RedSolución- $ 85 millones por supuestos servicios inexistentes entre junio y julio de 2016, dinero que debía invertirse en la Ciudad Deportiva. Los montos, dice la acción legal, fueron entregados a través del depósito de varios cheques y transferencias electrónicas de $ 5 millones.

Versiones contrapuestas

De acuerdo al testimonio de Miguel Fernández ante la PDI, Zamorano decidió contratarlo en agosto de 2014 por $ 2,5 millones para que lograra conseguir un socio que inyectara recursos a la Ciudad Deportiva. Esto, debido a que la empresa estaba en una difícil situación económica, y que tres bancos habrían embargado dos propiedades de Zamorano.

Según su relato, así empezó la búsqueda por nuevos socios. Señaló que hubo conversaciones con varias personas del mundo político y deportivo, pero estas no prosperaron.

Indicó, además, que en medio de esta búsqueda de recursos y tras muchas negociaciones con los bancos, en octubre de 2015 logró que en vez de pagar $ 2.390 millones en deuda, esta se redujera a $ 1.200 millones. Según Fernández, por estas gestiones exitosas Zamorano y Kock decidieron premiarlo y firmaron un acuerdo el 14 de octubre de 2015 en que se le entregó un bono de $ 30 millones y se fijó su sueldo en $ 4 millones. El querellado entregó a la policía una copia del contrato.

Dijo que contrataron al dueño de RedSolución, José Miguel Guzmán, para que levantara recursos por $ 1.300 millones, quien tiempo después logró obtenerlos a través de un crédito con una Sociedad de Garantía Recíproca (ente que facilita el acceso al crédito bancario a las micro, pequeñas y medianas empresas), de nombre comercial MultiAval.

Dijo que con este dinero se pagaron las deudas con las entidades bancarias, y que, además, Zamorano y Kock retiraron $ 180 millones, por lo que no quedó en caja el dinero que debía ser destinado a capital de trabajo de la Ciudad Deportiva. Además, entregó a la PDI las cartolas que dan cuenta de esas transferencias.

En relación a las imputaciones en su contra, Fernández negó haberle pagado a Guzmán o a su empresa RedSolución por trabajos no prestados, y dijo que era falso que Guzmán fuera su palo blanco, y que por ello se iba a querellar por injurias.

Explicó que a Guzmán solo se le entregó el dinero establecido en su contrato de trabajo con la Ciudad Deportiva, el que fue aprobado tanto por Zamorano como por Kock, que correspondía al 4,5 % de total que había conseguido para la empresa ($ 1.300 millones), lo que equivalía a $ 58 millones.

Según el abogado de Fernández, Cedric Bragado, del estudio Etcheberry, "los hechos son falsos (...), la querella dice que parte de estas platas que se consiguen de estos $ 1.300 millones iban a quedar para capital de trabajo $ 160 millones, pero al final el poco dinero que quedó, porque todo el resto se destinó a pagar deudas a bancos, se lo llevó Zamorano y Kock. En dos meses le pidieron que les hiciera traspasos a sus cuentas".

En tanto, el abogado de Ciudad Deportiva, Mauricio Daza, dijo que "es normal que alguien querellado por estafa niegue los hechos y se victimice, en un contexto en que la ley no castiga al imputado que miente a su favor".

Asimismo, indicó que "sostener que los dineros defraudados, mientras Fernández tenía la representación de la Ciudad Deportiva, en realidad se habrían sacado y repartido entre Kock y Zamorano es un falsedad absoluta, que queda al descubierto con la respectiva contabilidad".

Consultada la Fiscalía Oriente, señalaron que hay diligencias en curso para determinar lo ocurrido. Así, la PDI sugirió que la Sección de Contabilidad Forense realice un análisis para acreditar el delito y el monto de la supuesta defraudación.