Hace poco menos de nueve meses, el 11 de abril de 2017, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) informó que, tras 23 años en el cargo y 33 en la institución, Hernán López Bohner había presentado su renuncia como intendente de Valores y que en su reemplazo asumiría Cristián Álvarez. Si bien en el mercado causó sorpresa el anuncio y hasta ahora los motivos detrás de la salida de López son desconocidos, el alejamiento del ingeniero comercial de la SVS no parece un capítulo cerrado. Esto ya que presentó una demanda por indemnizaciones por años de servicio en contra de la entidad reguladora en el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

El escrito presentado por el abogado Claudio Rivera, al que tuvo acceso La Tercera, detalla que la renuncia no fue voluntaria sino solicitada por el propio superintendente Carlos Pavéz el 12 de abril y alega que al ex intendente se le entregó una indemnización inferior a la que le correspondería por el tiempo en que se desempeñó en la institución. En particular, señala que se pagaron $ 11.954.228, unos $ 26 millones menos que los $ 38.437.215 que según la demanda ameritaban.

¿A qué se atribuye la diferencia? según el documento, López se integró a la Superintendencia el 29 de mayo de 1984, pero en 1989 se modificó el régimen jurídico que rige a los funcionarios públicos según la Ley 18.834. Entre otras cosas, el cambio estableció que para no tener que indemnizar en ese momento a los trabajadores que se incorporaban al nuevo régimen normativo, se congelaría esa indemnización hasta el momento de la terminación del servicio y de acuerdo al sueldo del trabajador en ese momento.

Hasta acá las partes consideran que los cincos años de servicio que realizó López entre 1984 y 1989 corresponden. Pero la pugna está en que para la Superintendencia el pago tiene un tope de 90 UF por año, norma que está en el artículo 172 del Código del Trabajo. "No es procedente en este caso; en atención que a que dicha limitación tiene su origen en el artículo 14 de la ley 19.010 de 29 de noviembre de 1990, esto es, dictada con posterioridad a la iniciación de sus servicios", se indica en la demanda.

Por su parte, la contestación del requerimiento por parte de la SVS -que está a cargo de Consejo de Defensa del Estado (CDE)- afirma que aplicando ese artículo es que "la Superintendencia de Valores y Seguros dicta el acto administrativo que corresponde y dispone el pago al actor de la suma de $ 11.954.228". El CDE pidió además la incompetencia del tribunal, alegando que este no tiene entre sus ámbitos de acción materias relativas a la administración pública.

Aunque el tribunal accedió a la solicitud de incompetencia, lo que fue confirmado por la Corte de Apelaciones hace unos días, la disputa está lejos de terminar ya que cercanos a la defensa de López comentan que concurrirá a tribunales civiles para dirimir si corresponde que se le pague lo que reclama.