El ex presidente de la petrolera brasileña Petrobras José Sergio Gabrielli afirmó el martes que la mandataria Dilma  Rousseff no es responsable por la polémica compra de una refinería en Estados  Unidos, investigada por las autoridades.

"No considero a la presidenta responsable", dijo Gabrielli en una audiencia  en la comisión del Senado brasileño que investiga a Petrobras. "La  responsabilidad es de la dirección y del consejo (de administración), es por  eso que las decisiones son colegiadas", afirmó.

El Congreso brasileño cuestiona la compra de la refinería en Pasadena  (Texas, sur de Estados Unidos). Petrobras adquirió en 2006 el 50% de ese activo  por 370 millones de dólares, y acabó pagando 1.250 millones al verse obligada a  comprar el restante 50% años después, tras un largo proceso judicial.  

El caso generó grandes titulares, ya que quien presidía el consejo de  administración que decidió la compra en 2006 era Dilma Rousseff, entonces  ministra jefe de gobierno.

La presidenta brasileña ha insistido en que esa compra fue autorizada por el organismo colegiado porque no fueron informadas las cláusulas que podían  obligar a Petrobras a comprar el 100%. Gabrielli había dicho en una entrevista  en abril al diario O Estado que ni él ni Rousseff podrían "huir" de su  responsabilidad.

Gabrielli defendió ante el Senado la compra de la refinería: "Pasadena  estaba barata" y su compra en la época "valía la pena", expresó.

Además, aseguró que fue un buen negocio, pero dejó de serlo en 2008 ante cambios en el mercado petrolero y el conflicto judicial con su socia en la  propiedad de Pasadena, la belga Astra Oil. Y agregó que desde 2013 vuelve a ser  un buen negocio, con ganancias y facturación de 5.000 millones de dólares por  año.

A meses de las presidenciales de octubre, en las que Rousseff se juega la  reelección, Petrobras ha sido objeto de diversas denuncias.  

Un ex director de la petrolera fue recientemente detenido, acusado de  vínculos con una red de lavado de dinero.

La oposición critica lo que considera injerencia política del gobierno en  la gestión de la estatal, en sus negocios y especialmente en el control de  precios de la gasolina.

La oposición no compareció a la audiencia porque reclama una comisión  investigadora más amplia. Solo aliados del gobierno hicieron preguntas a  Gabrielli.