El ex timonel del Partido Socialista, Gonzalo Martner, es el tercer candidato a la presidencia de la tienda, compitiendo al ex senador Camilo Escalona, y la senadora Isabel Allende. Entre sus propuestas se encuentra la defensa de una asamblea constituyente. También ha impulsado separar la relación entre la actividad política y los negocios, llevando al tribunal supremo de la colectividad para que se les revise su militancia al diputado Christian Urizar -acusado de fraude a la intendencia de Valparaíso- al hijo de la Presidenta, Sebastián Dávalos, y su esposa, Natalia Compagnon. Estos últimos por gestionar un crédito ante el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, para financiar un millonario negocio inmobiliario.

-¿Por qué el tribunal supremo es la instancia adecuada para los casos de Dávalos y Compagnon?

Porque es la institucionalidad. Aquí hay que canalizar un conjunto de situaciones y hacer que el debate sea lo más racional posible. La idea es construir una muralla china entre la política y los negocios. Estoy convencido que esto pasa por no tolerar cuestiones que no son correctas, pese a que no necesariamente sean ilegales. De esa manera iremos a asumir, como lo ha planteado la Presidenta, una legislación que sea más severa. Es decir, cuando haya alguna irregularidad en una campaña, la persona que ha sido elegida pierda el cargo y que se vaya inmediatamente a una elección complementaria. Porque, si no, todo va a quedar en literatura. No se trata de ir contra tal o cual persona.

-"No se puede ser lobista y socialista la vez", dijo usted esta semana. A su juicio, ¿son lobistas Dávalos y Compagnon?

Parece ser que, por lo que declararon sus abogados, el proyecto en que estaban es de compra y venta de terrenos. Son operaciones de mercado, cada uno es libre de hacerlo. El punto es que si están en la política, en la esfera de la toma de decisiones públicas, no se puede trabajar para el sector privado al mismo tiempo. Es muy simple, no apela a ninguna lógica de escándalo, ni va contra nadie en particular, sino de decir, "o se dedica a la política, y por tanto deja de lado todo negocio vinculado a las regulaciones públicas, o se dedica a las cuestiones privadas".

-Esto afecta al entorno familiar de la Presidenta. ¿Asume el costo de complicar a una militante emblemática del socialismo?

La verdad es que esto tiene que ver con ejemplarizar. Fíjese que un Presidente de la República fue sancionado por la Superintendencia de Valores por utilizar información privilegiada en la condición de director de empresas, ganando dinero con esto. ¡Y no pasó nada! Eso es lo que a uno le provoca repulsión. Una democracia capturada por los intereses económicos, en donde la gente se enriquece por su capacidad de influir en las regulaciones públicas, es una democracia que pierde legitimidad y, al mismo tiempo, una economía que pierde eficiencia, que se va transformando en una economía rentista. Hace diez años hice el mismo razonamiento. A propósito del royalty minero y las empresas mineras que querían contratar a socialistas, a esos socialistas les dije lo mismo: "mire, o lo uno o lo otro. O son socialistas o trabajan para los intereses de las mineras", intereses contrarios al de todos los chilenos.

-¿Y Dávalos y Compagnon lo simbolizan en esta discusión?

Sí, pero no quiero hablar más de ese tema específico, de personas. Da lo mismo del lado político que sean.

-El gobierno ha llamado a la Nueva Mayoría a no escalar este tema. ¿Ha recibido llamados de La Moneda?

El gobierno está escalando muy positivamente este tema en este proceso triste, anunciando un conjunto de legislaciones. Y eso me parece muy bien, es aprender de los errores, de las circunstancias, fruto de un ánimo colectivo, en donde la gente va relajando las normas en la ética pública.

-¿Lo han llamado de La Moneda o no?

Hablo con mucha gente todo el tiempo y no ha habido nada particular.

-¿En qué medida estos casos dañan al PS?

Quiero prácticas que inhiban este tipo de situaciones porque, desgraciadamente, no podemos apelar sólo a la ética personal de cada cual.

-Le preguntaba por el daño al partido.

Evidentemente que lo daña y por eso es que creo que todo militante socialista tiene que pronunciarse con mucha fuerza ante situaciones de este tipo.

-Tanto en el oficialismo como en la oposición se evalúa la idea de llegar a un acuerdo para resolver esta crisis. ¿Usted lo cree posible?

Si se trata de legislar, generando mecanismos serios y claros de separación entre los negocios y la política revirtiendo, por ejemplo, aquel otro acuerdo lamentable del año 2003 que autorizó el financiamiento de campañas por parte de las empresas, bienvenido sea. Si es para que se produzca un borrón y cuenta nueva y que nadie se haga cargo de nada, personalmente no estoy de acuerdo con eso.

-Ese acuerdo se gestó mientras usted estaba en el gobierno de Lagos como subsecretario de Presidencia. ¿Asume alguna responsabilidad?

Cuando se firmó el acuerdo ya no estaba en el gobierno y no tenía ninguna responsabilidad en el partido. Por lo demás, eso lo manejó personalmente José Miguel Insulza (en la época, ministro del Interior), por lo que tampoco tuve conocimiento de su gestación. En todo caso, desde que se firmó ese acuerdo, siempre estuve en contra.