Toda Argentina lleva meses empapelada con las caras de los candidatos presidenciales con carteles enormes en las autopistas. Es algo totalmente legal y con un costo enorme que nadie sabe quién paga. Por primera vez, la Cámara Electoral argentina, formada por jueces que controlan el proceso electoral, ha dado un paso: dictó una sentencia en la que exige a los candidatos que expliquen sus gastos de campaña y denuncia el "alto grado de opacidad respecto a la identidad de las fuentes de financiamiento". Todos ellos deberán presentar una lista detallada con sus gastos y justificar su origen, según la sentencia.

El financiamiento público es escaso en Argentina, con lo que la mayor parte de ese dinero llega de empresarios amigos por vías opacas. Fuentes del empresariado consultadas admiten en privado que todos los grandes financian de una u otra manera a varios candidatos. Esos "inversionistas" destinan grandes cantidades de dinero a candidatos que ni siquiera se sabe si llegarán al final de la carrera electoral. El recaudador es así el personaje central en el entorno de los candidatos, que sin dinero estarían acabados.

Fuentes de la Cámara Electoral consultadas por El País aseguran que con esta sentencia se pretende iniciar un camino, abrir un paso para intentar descubrir de dónde viene el dinero de las costosísimas campañas. El problema en este momento, explican, es que oficialmente no hay campaña ni candidatos, por lo que todo el gasto está fuera del control. La ley que permite sólo un mes de campaña está pensada para un sistema parlamentario, señalan, pero Argentina es presidencialista y las campañas duran más de un año.

Pablo Secchi, director de Poder Ciudadano, una ONG anticorrupción argentina ligada a Transparencia Internacional, cree que "la Cámara electoral está mandando un mensaje claro a los políticos. Hay que legislar, hay que controlar estos gastos". "Los partidos no cuentan la verdad. No sabemos quién los financia y eso es no conocer quién está detrás del poder. ¿Cómo se van a devolver esos favores? Esto es fuente de corrupción. Vemos que en Brasil o Chile se está reaccionando, pero en Argentina aún no", señala.

El límite oficial de una campaña presidencial es de 254 millones de pesos (US$ 29,1 millones).