Organizaciones feministas de Panamá denunciaron hoy al Estado Panameño por "cruzarse de brazos" ante el aumento de los femicidios en este país y anunciaron una marcha el miércoles para exigir el cese a la violencia.

El llamado fue hecho este lunes por Nelva Reyes, coorganizadora de las acciones para la eliminación de la violencia de género, que describió como un problema complejo y multidimensional. Entre las manifestaciones de rechazo a la violencia sobresale la marcha en la capital panameña, para exigir justicia y castigo a los asesinos.

En lo que va del año, han sido asesinadas en Panamá 69 mujeres, muchas de las cuales habían identificado previamente a sus agresores, principalmente parejas o ex parejas de las víctimas.

"Cada vida segada es responsabilidad de quienes gobiernan y de todas las instituciones que tienen la misión de ejercer justicia y no lo hacen", subrayó Reyes, quien advirtió las alarmantes señales de violencia y discriminación sexista en este país.

Por su parte, Ángela Figueroa, coorganizadora de la marcha de protesta, afirmó que "las mujeres necesitamos nueva legislación en materia de violencia de género y es responsabilidad del Poder Legislativo dárnosla".

Figueroa sostuvo que la boleta de protección que tenían en su poder las víctimas antes de ser asesinadas, demuestra que el documento oficial es insuficiente para contener los crímenes y la violencia que proviene, incluso, de los fundamentalismos religiosos.

Añadió que el sistema de justicia en Panamá se ha convertido en "cómplice" de los agresores de las mujeres, debido al "tráfico de influencias" para eludir las sanciones penales o civiles. Al respecto, reclamó una cultura de paz, respeto y equidad.

Figueroa exigió una nueva ley integral contra la violencia de género, la creación de fiscalías y juzgados especiales, la colocación de grilletes electrónicos a los transgresores de las órdenes de protección y la instalación de albergues para recibir a personas perseguidas o en riesgo.

Indicó que el gobierno debe suministrar los fondos necesarios para la protección de las mujeres amenazadas, de la misma forma como aprobó un desembolso de 257 millones de dólares para apuntalar a los bancos locales afectados por la crisis financiera global.

"No estamos pidiendo unos centavitos más o menos, porque esta hemorragia de sangre de mujeres no se para con curitas", adujo Figueroa, al invitar a la población a la marcha de protesta.

El sociólogo José Cambra aclaró que en Panamá únicamente funciona un pequeño albergue para las mujeres en peligro, supervisado por el Ministerio de Desarrollo Social y organismos de justicia.

Otro albergue de mayor tamaño, construido en la occidental provincia de Chiriquí, limítrofe con Costa Rica, no está en operaciones porque los diseñadores "olvidaron colocar las tuberías de agua al edificio", comentó Cambra.