Como una sentencia "ajustada a derecho" califica Astrid Espaliat Larson el reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que fijó el nuevo límite marítimo entre Nicaragua y Colombia.
En entrevista con La Tercera, la académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y abogada experta en Derecho Internacional señala que la decisión de Colombia de retirarse del Pacto de Bogotá, que reconoce la jurisdicción de La Haya para resolver controversias, "tensiona a la región".
¿Al retirarse del Pacto de Bogotá, Colombia busca evitar una nueva demanda de Nicaragua por la ampliación de la plataforma continental?
Sí, Colombia busca evitar una nueva demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). El Pacto de Bogotá da competencia automática a la Corte. De aquí en adelante un país de la región sólo podrá demandar a Colombia si este país acepta llevar la controversia ante la CIJ. Así está previsto en el Estatuto de la CIJ, que forma parte de la Carta de Naciones Unidas.
¿Qué otras vías tiene ahora Nicaragua para presentar nuevas demandas contra Colombia?
Las vías que da el Estatuto de la CIJ y que requiere que el Estado que va a ser demandado acepte ser demandado ante la CIJ, acepte la jurisdicción de la CIJ, lo que no hará Colombia de aquí a un buen tiempo más.
Hasta ahora el único país que se ha retirado del Pacto de Bogotá ha sido El Salvador. ¿Qué efectos diplomáticos puede tener esta medida para Colombia?
El Pacto de Bogotá es un tratado de solución pacífica de las controversias de nuestra región. Data de 1948, expresa la vocación clara de la región por la solución pacífica de las controversias, la confianza en la CIJ y ha venido siendo utilizado por distintos Estados de la región.
El Salvador se retiró antes de que se planteara la controversia ante la CIJ. Colombia lo ha hecho tras recibir un fallo que estima le ha sido adverso, pero que está, contrariamente a lo que ese país señala, ajustado a derecho. La Corte había determinado ya en 2007 que no existía acuerdo que fijara el límite marítimo entre Nicaragua y Colombia. Ante ello Colombia decidió defender el dominio sobre todas las islas, islotes y cayos que conforman el Archipiélago de San Andrés.
La Corte reconoció el dominio de Colombia sobre todos ellos. Las islas se encuentran muy cercanas a la costa de Nicaragua, produciéndose una situación de sobreposición de las costas colombianas y nicaragüense evidente, que la CIJ no podía obviar. Eso más otras consideraciones, hacen que la sentencia esté ajustada a derecho. Si no hay acuerdo sobre límite marítimo entre las partes, la CIJ debe establecer el límite proporcionando una solución equitativa. Colombia no podía pretender que la Corte le adjudicará los mismos espacios marítimos que tenía antes, no podía adjudicárselos de acuerdo a lo alegado y probado por Colombia durante el juicio. Colombia con su conducta pone en tela de juicio a la CIJ, órgano al que varios Estados de la región han acudido, introduce una tensión anexa al conflicto con Nicaragua, y tensiona asimismo a la región.
