Una de las principales diligencias que el fiscal regional de Magallanes, Juan Agustín Meléndez, tenía previsto realizar al llegar a Santiago este lunes, era tomar declaración a dos funcionarias de Unicef, las que participaron en la elaboración del informe que dio cuenta de posibles delitos en hogares dependientes del Servicio Nacional de Menores (Sename).
La respuesta por parte de las trabajadoras del organismo internacional, sin embargo, fue en otro sentido: que las funcionarias gozan de inmunidad diplomática y, por lo pronto, no iban a concurrir a prestar la declaración.
La determinación de Unicef quedó en evidencia a las 11.30 de ayer. Soledad Larraín, encargada de la Unidad de Protección del organismo, no llegó hasta la Fiscalía Nacional, donde la esperaba Meléndez.
A través de una declaración pública, Unicef indicó que tienen la "voluntad de colaborar con la investigación que está realizando la fiscalía y el Congreso, en relación con los casos de abusos y maltratos detectados en algunos centros". Agregó que Chile es parte de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de Naciones Unidas, "que establece que la notificación y citación a declarar del personal de un organismo de Naciones Unidas debe ser remitido por los procedimientos vigentes. En el caso de Unicef, dicha notificación y citación debe ser cursada a través de la sede de Unicef en Nueva York para su revisión y tramitación".
Ayer al mediodía, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, indicó que no compartía el criterio del organismo internacional y que "en principio, puede no existir inmunidad diplomática".
Durante la tarde, el Ministerio Público hizo llegar un documento a la Cancillería, donde indicó que sólo gozan de inmunidad el personal que está acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, que no sería el caso de las funcionarias citadas.
El fiscal Meléndez aseguró no tener dudas de que "Unicef va a solucionar a la brevedad cualquier inconveniente o interpretación en cuanto a concurrir o no a declarar".
Día de entrevistas
Meléndez llegó a la Fiscalía Nacional pasadas las 9:00. Media hora después, llegó la primera citada: la abogada Paulina Gómez, quien participó del informe de los jueces de familia.
A las 15.00 acudió el director nacional del Sename, Rolando Melo. Al término de la diligencia, indicó que "hemos traído todos los antecedentes que hemos podido recabar y queremos dejar en claro que tomamos conocimiento de esto el 7 de marzo y que las encuestas se realizaron a mediados de 2012; es decir, más de siete meses antes que nosotros pudiéramos acceder a esta información".
Para hoy, según fuentes ligadas al caso, se esperaban las declaraciones de las juezas de familia Mónica Jeldres, Alejandra Valencia y Gloria Negroni.
