La supresión de los actuales derechos de plantación de los viñedos puede conllevar la expansión de los cultivos y un exceso de la oferta que perjudicaría al sector, según un informe del llamado "Grupo de Alto Nivel sobre el Vino", creado por la Comisión Europea, que fue publicado hoy.

Aunque el estudio, realizado en diciembre de 2012, matiza que "es difícil prever con certeza" si la eliminación de ese régimen provocaría una rápida expansión de las plantaciones, admite que "el riesgo existe", en particular en algunas regiones.

Por ello, el grupo de expertos recomienda trabajar en una "alternativa" al régimen vigente, basada en un sistema de "autorizaciones" que permita regular las plantaciones de viñedo, aplicable a todos los países productores y a todas las clases de vino. 

La Unión Europea tenía previsto proceder a la liberalización del viñedo a partir de 2015, un objetivo asumido por los Estados miembros en 2008 con la reforma del sector del vino.

La presión ejercida por los países productores de la Unión Europea, especialmente por España, Francia, Grecia y Alemania, ha llevado a replantear la situación y estudiar la posibilidad de un régimen diferente al inicialmente planteado.

Esos cuatro países, junto con Austria, Hungría, Italia, Portugal, Eslovenia, la República Checa y Bulgaria, propusieron el mantenimiento de "un marco de plantaciones", dotado de flexibilidad para permitir un aumento limitado de la producción y responder a las oportunidades del mercado.

Los mayores productores argumentaban que una expansión de la superficie de viña provocaría una devaluación de los productos de calidad o con denominación de origen y una industrialización excesiva de la viticultura europea.