¿Cómo se van a destinar los recursos de la reforma?, ¿cuáles serán las prioridades? y ¿alcanza el dinero para llevar a cabo los proyectos?, son algunas de las dudas que surgen entre los expertos, a días de que la Presidenta Michelle Bachelet y el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, firmaran el proyecto que termina con el lucro, la selección y el financiamiento compartido en la educación escolar.
Dudas que tienen los expertos Sylvia Eyzaguirre, investigadora del Centro de Políticas Públicas (CEP), y Ricardo Paredes, economista y académico de la U. Católica, y que esperan -en parte- resolver cuando la Presidenta entregue hoy su primera cuenta pública en el Congreso.
El gobierno anunció que el proyecto que pone término al financiamiento compartido se implementará de forma gradual y por medio de tres mecanismos: congelar el tope máximo que cobran los sostenedores a las familias, que es de $ 84 mil; crear la subvención por gratuidad, y ampliar la subvención preferencial a la clase media. Según el Mineduc, el Estado desembolsaría por alumno unos $ 17 mil en los primeros años de la reforma, lo que sumaría cerca de 1.800 millones de dólares en ese período, según el ministro. Con esto y según datos oficiales, los aportes estatales a los estudiantes más vulnerables se duplicarán de aquí al 2025. Es decir, pasarían de los $ 100 mil que se aportan hoy, a $ 210 mil en 12 años. Un cálculo discutible, a juicio de la experta del CEP: "En la ampliación de la SEP (recursos públicos destinados a educar a alumnos vulnerables) gastarán entre US$ 400 y US$ 500 millones. El resto de los dineros (US$ 1.200 millones) se gastará en cubrir la nueva subvención. Sumando esos montos a los que actualmente entrega el Estado a los colegios, no da más de $ 90 mil por niño. Entonces, no entiendo cómo se llegará a una subvención total de $ 210 mil", cuestiona Eyzaguirre.
La experta y ex asesora de la administración anterior del Mineduc señaló, también, que "considerando los cálculos del Mineduc y el aumento de gasto estatal por alumnos, no se podría financiar la reforma en régimen (en los 10 años propuestos). Es decir, se puede, pero perjudicaría a muchos alumnos y el ministro ha repetido que ningún alumno recibirá ni un peso menos de lo que recibe".
Sin embargo, Ricardo Paredes explica que la fórmula para terminar con el copago que está proponiendo el gobierno, a su juicio, es la correcta y que los recursos debieran alcanzar. Ahora, "yo no comparto la prioridad ni tampoco que se gaste para dar gratuidad en el sistema de educación superior".
El economista, en tanto, agregó que "lo que sí no me calza es cómo financiarán la posible compra de colegios que no quieran asumir las nuevas reglas. Esto es mucho dinero", dice Paredes.
Según los expertos, la posibilidad de que colegios cierre no es alejada y serían los que cobran el tramo máximo de copago. Se trata de, al menos, 263 colegios, que cobran entre $ 40 mil y el tope y que albergan a más de 186 mil alumnos, según datos del Mineduc. "Para estos recintos sería mucho más fácil asumir esa pérdida de subvención y salir a buscar más matrícula para transformarse en particulares", estima el académico de la Católica.
