Es el ministerio que, tal vez, concentra las mayores expectativas, tanto de estudiantes, como de planteles y políticos. Es que por estos días, Educación debe presentar los primeros proyectos de la gran reforma que prometió Michelle Bachelet durante su campaña presidencial.

Según ha anunciado el ministro de la cartera, Nicolás Eyzaguirre, las primeras iniciativas están relacionadas con los colegios: fin a la selección, al lucro y al financiamiento compartido. En tanto, los proyectos sobre educación superior y el de desmunicipalización vendrían el segundo semestre. 

Y mientras se afinan los últimos detalles, en el Congreso ya se tramita la reforma tributaria, que pretende recaudar cerca de tres puntos del PIB -unos US$ 8.200 millones-, que en buena parte financiarían los cambios en la enseñanza.

Según ha explicado el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, esta reforma "permitirá garantizar acceso a una educación gratuita de calidad, que termine con el financiamiento compartido, lo que significará no menos de US$ 5.500 millones".

Según indicó ayer, en entrevista a Reportajes, ese monto significa entre 1,5 y dos puntos del PIB.

El experto en educación José Joaquín Brunner señala que "lo más importante no es el volumen de los recursos, sino en qué y cómo se van a gastar". Sin embargo, agrega que "los más de US$ 5 mil millones es una cifra muy significativa. Nunca va a alcanzar en el sentido ideal de la palabra. Pero para Chile, eso es una gran suma".

La mayoría de los expertos consultados, eso sí, prefiere no referirse con exactitud al costo exacto que tendría la reforma, pues hay una serie de variables  que sólo se despejarían, dicen, una vez que se presenten los textos legislativos.

Donde los expertos sí tienen mayor claridad es en las prioridades que deberían tener esos recursos.

"Sería más rentable invertirlos en los niveles más tempranos de educación, que dejan muchos más beneficios permanentes. Además, los beneficiados serían de más amplio espectro socio-económico que en el caso de la educación superior, que apunta a los quintiles más altos", destaca Felipe Salazar, investigador del Centro de Políticas Comparadas en Educación de la U. Diego Portales.

Esta idea es secundada por la directora de Política Educativa de Educación 2020, Patricia Schaulsohn, quien indica que la prioridad debe estar en la educación inicial y la calidad de la educación que reciben los niños, al igual que en la formación de los docentes. Agrega que hoy, para abrir un jardín infantil, "no se exigen proyectos educativos" y que "basta con la resolución sanitaria" para poder aprobarlos, situación que debería cambiar.

Financiamiento compartido

La segunda prioridad de financiamiento debería ser la educación escolar, según los investigadores. En ese sentido, el proyecto de copago establecería que la mensualidad iría disminuyendo gradualmente, al punto que sea reemplazada totalmente por una subvención del Estado.

Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar y ex asesor del Ministerio de Educación, sostiene que cada año los padres hacen un aporte cercano a los US$ 500 millones, los que deberían ser asumidos por el Estado, por lo que se podría considerar como un costo base de ese programa.

En este ámbito, Figueroa subraya que "la reforma educacional que se ha planteado, lo que va a hacer es remplazar el aporte de las familias por uno estatal. Entonces, queda la impresión de que se están inyectando recursos, cuando en la práctica es sólo reemplazar aportes que hoy ya existen, por aportes del Estado".

Fin al lucro

El fin al lucro es otro de los aspectos escolares que se abordarán. Sin embargo, este es uno de los que presenta más incógnitas , pues, a su vez, implica escenarios inciertos para los sostenedores de colegios subvencionados que tienen fines comerciales.

Schaulsohn señala que "me imagino que habrá un plazo largo durante el cual los sostenedores podrán seguir lucrando, para recuperar la inversión".

Mientras que Felipe Salazar sostiene que "si mañana terminara el lucro habría muchas instituciones que jurídicamente están instituidas para lucrar, de hecho, la gran mayoría lo hace. Eso significa que el sostenedor debería cambiar. O el Estado debería comprar aquellas escuelas que no se quieran adaptar. Y ¿cómo se va a cubrir todo eso?".

Juan Pablo Valenzuela, académico del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la U. de Chile, apunta que "se requiere de un período más largo de tiempo para adaptarse a él". Esto, porque "si destinamos una parte importante de los recursos a comprar establecimientos escolares tendremos que ocupar una suma gigantesca. La reforma puede que no dé para eso".