Que el compromiso presidencial de dejar 20 hospitales terminados, otros 20 en obras y 20 más en diseño, a marzo de 2018, no se cumplirá. Eso avizoran expertos de distintos sectores, a la luz de las numerosas trabas -cambios de cronograma, presupuesto y en la selección de proyectos- que ha tenido el plan de inversiones del Ministerio de Salud y que el último mes mostró un nuevo traspié, con el rechazo de cuatro licitaciones por parte de la Contraloría General.

Los analistas apuntan a una falta de competencia y preparación del Ministerio de Salud para asumir la construcción de hospitales, a dos años de desechar el modelo de concesiones y retirar seis proyectos planificados bajo este modelo.

Juan Eduardo Saldivia, presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), dijo que la meta de dejar en obras 20 hospitales "es bastante difícil cumplirla. Uno ve que las licitaciones no avanzan, que la construcción se demora. No hay que ser muy entendido para darse cuenta que esa lista no se va a cumplir", añadiendo que "la construcción de hospitales no es el corazón del Ministerio de Salud, que no está preparado para el desafío y eso ha quedado demostrado".

Alvaro González, miembro del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) indicó que el compromiso de gobierno "es muy difícil que se cumpla", pues, a su juicio, Salud se planteó realizar muchas licitaciones -diseño, construcción y servicios- que en el caso del modelo concesionario se concentran en un sólo operador, lo que "generó más demora y deficiencias que las que se habían previsto".

Desde la Cámara Chilena de la Construcción, Carlos Piaggio, gerente de Infraestructura, agregó que "estos problemas dificultan la ejecución de las obras y aumentan los plazos. Estamos claros que si siguen sucediendo habrá peligro de incumplir ciertas partes de las metas".

Retrasos en el proceso

Los argumentos de Salud para desechar la alianza público-privada fueron que la construcción sectorial sería en plazos más acotados y a menores precios. Sin embargo, los proyectos objetados por Contraloría -Las Higueras de Talcahuano, Chillán, Linares y Barros Luco, en la Región Metropolitana- podrían retrasar un año el inicio de obras, de ser necesario repetir el proceso.

La ministra de Salud, Carmen Castillo, admite que en el caso de Chillán, uno de los seis que se sacó del proceso de concesión iniciado en el gobierno anterior, "va a significar a lo menos seis meses de tramitación desde el inicio de la licitación", llamado que esperan iniciar en diciembre.

Además, deslizó que la responsabilidad del fracaso en las licitaciones es de las empresas participantes. "No son errores del gobierno, son temas en que las exigencias son rigurosas. Tiene que ver con que hay empresas que no entregaron toda la información".

Al respecto, Saldivia dijo que "quien licita es el Estado y él tiene la responsabilidad de adjudicar a quien cumple las obligaciones. Si el Estado no lo hace, pasa que la Contraloría detiene los procesos y quienes pagan los costos son los ciudadanos".

En la misma línea, el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, descartó culpar a los privados: "La responsabilidad es ineludiblemente del Ministerio de Salud".

No obstante al eventual retraso del plan de inversiones, Castillo insistió en que la promesa presidencial se cumplirá. "Vamos a dejar como corresponde todo lo que nos hemos comprometido como gobierno", dijo.

Para los casos de Linares - otro retirado del modelo de concesiones-el Barros Luco y el recinto de Talcahuano, se evaluarán las alternativas para definir la más conveniente: un nuevo proceso, insistir en Contraloría con más antecedentes o proponer otra firma para asumir la construcción.

La diputada independiente Karla Rubilar, miembro de la comisión que indagará los sobreprecios en la adjudicación de hospitales, afirma que ha habido un importante incremento presupuestario en los recintos de Curicó, Linares, Chillán, Quillota y Marga Marga, que fueron retirados del modelo de concesiones. El Minsal, por su parte, ha admitido que 12 proyectos han debido ser revaluados por el Ministerio de Desarrollo Social, tras superar los montos pactados en la licitación.

En el proyecto de Curicó, hay un 78% de aumento entre el presupuesto asignado mientras estuvo concesionado, al que tiene hoy, tras una revaluación. Además, Linares ya tiene un 32% y Quillota un 52% de incremento.

"La tónica ha sido que los hospitales cuestan más y el monto evaluado es inferior, por eso, hay que establecer un procedimiento claro de cuándo se relicita y cuándo se puede mandar a revaluación", agregó Rubilar,quien agregó que "son dos millones de personas las perjudicadas por las cuatro licitaciones fallidas".

El senador (RN) Francisco Chahuán dice que la misma situación se repite en, al menos, siete recintos, en los que se habrían pagado más de $ 61 mil millones adicionales a los presupuestos: "Vamos a entregar esta información a la Contraloría y a la Comisión Investigadora para determinar si los sobreprecios cancelados están justificados", añadiendo que "creemos que está demostrada la incapacidad de la subsecretaría de Redes y el Minsal para avanzar en la concreción del plan de infraestructura, que ya ha tenido ocho modificaciones".

Para el diputado Juan Luis Castro (PS), la situación es "grave" y un traspié innecesario, "en un momento de indefiniciones, donde se requiere cumplir el programa. Espero que el ministerio adecúe las estrategias y diseños que permitan rehacer las licitaciones y adjudicar donde corresponda, para mantener indemne el calendario original".