Como un "acto de fe" calificaron algunos parlamentarios oficialistas el acuerdo que sellaron el martes gobierno y oposición para introducir cambios a la reforma tributaria.
Y es que en más de una oportunidad los legisladores le solicitaron al ministro de Hacienda, Alberto Arenas, que entregara informes que avalaran la recaudación de los US$ 8.200 millones, a pesar de los cambios realizados al proyecto.
En lugar de ello, el secretario de Estado recordó que trabajó 17 años en la Dirección de Presupuestos -cuatro de ellos como director- y, por lo mismo, tenía la convicción de que se lograrían recaudar los recursos comprometidos.
Sin embargo, a nivel legislativo y en el mercado, la duda ya se instaló. Los expertos advierten que la generalidad del protocolo no permite cuantificar con exactitud el impacto de los cambios, y señalan que podría haber dificultades para alcanzar la meta.
Uno de los primeros en alertar sobre este punto fue Claudio Agostini, académico de la U. Adolfo Ibáñez, quien a través de Twitter advirtió: "El acuerdo tributario abre espacios de elusión mayores a los que había, genera ineficiencias grandes y dudo que recaude lo que quieren recaudar".
Una de las interrogantes apunta hacia qué ocurrirá con el tratamiento del capital extranjero.
"Los tratados de doble tributación tienen una cláusula que dice que mientras el sistema chileno sea integrado, puede cobrar una tasa de 35% a los extranjeros. Pero si el sistema se desintegra o es semiintegrado, como la propuesta actual, se abre la duda", advierte Patricio Rojas, de Rojas y Asociados. Si no se cumple con esa condición, explica, los inversionistas foráneos podrían tributar bajo la tasa contemplada en los convenios, en algunos casos -como Colombia- de hasta 0%. "Si eso es así, la recaudación podría caer entre US$ 500 millones y US$ 600 millones, porque no estarían pagando lo que está en la reforma, sino que menos", afirma, y añade que más del 50% de los dividendos que se generan en el país va a extranjeros. Para Rojas, esta situación impactaría en el "corazón" de la recaudación, situado en el impuesto de primera categoría.
"A simple vista, es difícil que se mantenga la recaudación estimada originalmente", opina Cristóbal Gamboni, de BBVA, tras sostener que las medidas compensatorias contenidas en el protocolo no son de la misma magnitud que las rebajas de impuestos y el nuevo sistema de base percibida.
"El impuesto a los cigarrillos, por ejemplo, está más que claro que no está recaudando. Sólo ha caído en el último tiempo, a pesar de que ha habido aumento en tasas. Entonces, hay supuestos, como que la gente seguirá fumando, que no necesariamente se cumplirán", agrega otro economista.
Para Angel Cabrera, de Forecast, los antecedentes aún no son suficientes para respaldar la afirmación del gobierno, señalando que será crucial la redacción de las indicaciones. "Toda la recaudación de la reforma original venía de la renta atribuida, de la eliminación del FUT y del aumento del impuesto de primera categoría. Por lo tanto, cambios en esas áreas pueden tener modificaciones importantes en la recaudación, pero hay medidas compensatorias. Esas son las que aún no se pueden cuantificar", agregó.
Gonzalo Sanhueza, de Econsult, asegura que podría haber una diferencia de US$ 4.700 millones al establecer el sistema de renta atribuida como optativo y permitir un modelo semiintegrado de base percibida. Sin embargo, considera que dicha brecha puede ser cubierta con las medidas mitigatorias propuestas por el acuerdo.
