Expertos evalúan primer año del control de identidad preventivo y su ampliación a menores

¿Cómo evalúa este primer año del control de identidad preventivo, tomando en cuenta que solo el 5,5% de estos procedimientos terminaron con arresto?

La evaluación para mí es extremadamente positiva, porque ese 5,5 % del millón de controles de identidad, representa 61 mil personas. Es decir, se sacó a más de 60 mil personas con órdenes de detención pendientes de las calles, y que estaban prófugos de la justicia. Esto ha sido un éxito y ha permitido detener a delincuentes que estaban en la impunidad total en nuestra población. No importa que de 20 controles solo resulte una detención, porque es un delincuente menos. Además, hay que agregar que solo se han registrado 12 reclamos contra la policía, lo que habla de que todo lo que se dijo que sería una herramienta discriminatoria, no era tal.

¿El sistema de información y transparencia con el que se debe informar a la ciudadanía funciona de manera correcta?

Todo lo que pueda mejorarse, se puede mejorar. La ley establece un procedimiento para dar cuenta de los controles, no se establece que sea on-line o escrito. Lo importante es que exista un procedimiento adecuado; si no es así, que se entregue la información a la comisión de seguridad y lo fiscalizamos y corregimos.

¿Carabineros actúa de manera adecuada?

Se ha cumplido con reportar trimestralmente al Ministerio del Interior sobre los balances del control de identidad preventivo, donde está la información que se pidió que estuviera en la creación de este artículo. Ahora, si con esta información que le pasan tanto Carabineros como la PDI Interior no las publica, es responsabilidad de ellos.

¿Debe ampliarse el control de identidad preventivo a los menores?

Hay que incluir a los jóvenes de 16 años, no de 14 años, porque estos últimos no son susceptibles de falta, es decir, pueden negarse al control y eso no sería una falta; por ende, no se llegaría a nada. Pero los menores entre 16 y 18 años deben ser controlados, porque lamentablemente hoy los menores son pasto seco para bandas de delincuentes que los emplean para cometer delitos. Son partícipes de la delincuencia.

¿Pero no habría problemas por tratados internacionales, como la Convención de Derechos Humanos del Niño, que protege a los infantes cuando se ven enfrentados a problemas con la justicia?

Bajo la lógica de los tratados internacionales no podríamos juzgar nunca a los menores de edad. Tenemos que aceptar que están participando en delitos y forman parte del sistema criminal chileno, y claro que hay que ajustarse a sus derechos y a la legislación, pero también hay que controlarlos y regularlos.

¿Cuál es su evaluación de este primer año del control de identidad?

Los datos y la evidencia disponible muestran bastantes dudas respecto de su eficacia. Se tiende a decir que antes no se podía hacer nada, pero existía en el Código Procesal Penal el artículo 85 (permite hacer un control con indicios de que el sospechoso se apreste a cometer un delito). Ahora, con esta nueva facultad, se hacen mucho menos controles

¿Cómo se puede graficar esto?

Entre 2012 y 2015, solo con el artículo 85 eran más de dos millones de controles, ahora el promedio sería de más de un millón y medio, es decir casi 500 mil controles menos. Los datos muestran que si uno los desagrega, en nueve meses, de cada 18 controles de identidad se pilla una orden de detención pendiente. Si uno lo analiza por trimestre, se ve que hay un detenido por cada 50 controles preventivos. Es decir, este procedimiento es tres veces menos eficaz que el antiguo. Esto es un subsidio al mal trabajo policial.

¿Qué le parece que existan solo 12 reclamos y los niveles de transparencia de información?

El sistema de control por la propia policía es ineficaz. Un grupo de alumnos hizo un estudio, investigaron en las comisarías y descubrieron que no hay un procedimiento estandarizado. Los policías no conocían bien que había un procedimiento para reclamar. Además de existir obstáculos para poder hacerlo, como por ejemplo, habían carabineros que decían que el reclamos tenía que hacerse de parte de una persona que haya sido controlada más de tres veces por el mismo policía, o que si no se hacía en un tiempo determinado el reporte prescribía. Es un sistema engorroso, entonces podría haber una cifra negra por reclamos o disconformidad. Además, la ley establecía deberes a las policías y al Ministerio del Interior para publicar estadísticas sobre cómo y dónde se practican los controles, y la verdad es que a casi un año no se ha publicado ninguna información relevante sobre este tema.

¿Está de acuerdo con que estos controles se extiendan a los menores?

Estoy completamente en contra, porque según el articulo 85 del Código Procesal Penal, sí se puede controlar a menores de edad, pero en la medida que haya un indicio de tipo de control, por eso que facultades en el ámbito comparado son admitidas. Gonzalo Fuenzalida defiende esta iniciativa de los controles a menores a partir de un diagnóstico donde se cree que esta norma es un éxito, pero me gustaría preguntar qué datos tienen para afirmar eso, porque si no los tienen estamos legislando en la oscuridad y me temo que no debemos invertir recursos técnicos, políticos y humanos en cosas que empeoren la seguridad y los derechos humanos.