Un efecto adverso de la norma que introdujo la reforma tributaria, que obliga a las empresas a declarar las compras en supermercados y comercios similares cuando los montos superan las 5 UTA (cercano a los $ 2,8 millones en un año), es que los contribuyentes estarían simplemente limitando sus adquisiciones bajo este tope para no complicarse con el cumplimiento, lo que, a juicio de expertos tributaristas, ha perjudicado el desempeño de los negocios.
En esta línea se expresó Juan Marín, socio Tax & Legal de Kreston MCA, quien señaló que "la norma ha funcionado mal, ya que el límite que establece la ley para el uso del gasto es muy bajo y obliga al contribuyente a mantener un registro de todas las compras en estos conceptos y detallárselas al Servicio de Impuestos Internos (SII)", lo que, aseguró, implica "mayores costos para la empresa en la implementación de la obligación tributaria".
Con esto, Marín indicó que "la norma debiera establecer que cada compañía tenga un monto de gasto promedio anual, el que debiera ser informado al SII para que éste considere dicho monto como gasto aceptable y permanente".
En esta línea, Mario Piña, socio de Bustos Tax & Legal, sostuvo que, desde la instauración de esta norma, las empresas han sido "bastante conservadoras", llevando a que en la práctica "se observe que prefieren aprovechar un crédito fiscal y gasto sólo hasta el tope que ofrece la ley y no desgastarse en el análisis del detalle de facturas de supermercados y similares, para deducir un monto mayor en materia de gastos". Por lo mismo, sugirió establecer diferencias según el tamaño de empresa, "porque obviamente una pequeña empresa no gasta en este tipo de compras lo mismo que una gran compañía".
Gastos rechazados
En tanto, Patricio Gana, socio principal de AK Contadores, afirmó que "se da importancia excesiva al 'dónde' están comprando los contribuyentes y no a lo realmente importante, que es 'qué están comprando'", explicando que existe "un exceso de celo en este asunto". Con todo, Gana reconoce que ha existido abuso respecto de este concepto, pero planteó que "lo importante es mantener un ambiente de fiscalización, como lo viene haciendo el SII el último tiempo".
Así, Gana hizo especial hincapié en que el ente recaudador debiese concentrar sus esfuerzos en el comercio informal y en las plataformas web, donde aseguró "sí tenemos una evasión grande en IVA".
Respecto de los gastos rechazados, Piña también observó problemas en el sentido de que el SII "siempre podrá interpretar, en cada caso particular, si a su juicio el gasto es realmente necesario o no" para producir la renta, con lo que podría arbitrariamente rechazar el gasto. "La ley no especifica con más detalle cuándo un gasto es necesario, por lo que el alcance del concepto queda entregado a la interpretación del Servicio y de los tribunales", remarcó.
Más conciliadoramente, Claudio Sepúlveda, socio director de BS Abogados, indicó que "lo importante es que tanto el 'Fisco recaudador' como el contribuyente conozcan las reglas del juego y sean capaces de interpretarlas en forma justa". De esta manera, planteó que "el emprendedor, cualquiera sea su tamaño, tiene que comprender que su deber social es el pago justo del tributo al país, ya desde el microempresario que aporta su grano de arena". Asimismo, señaló que "el SII debe entender que el servicio de coerción que brinda la norma, si no es aplicado racionalmente puede presionar para que participantes que apuestan por emprender salgan de la cancha y se transformen en nuevos empleados del sistema".
