"Hemos detectado cerca de 10 mil contratos de trabajo falsos. Todos son objeto de denuncias criminales", aseguró el jefe nacional del Departamento de Extranjería y Migración del gobierno, Rodrigo Sandoval, en el marco del lanzamiento de la campaña que busca prevenir a los migrantes sobre los riesgos de presentar documentación adulterada para acceder a un permiso de residencia.
Sandoval afirmó que los 10 mil documentos falsos se detectaron en los últimos dos años. Entre las nacionalidades que preocupan en el organismo está la haitiana, ya que -según la autoridad- estos migrantes han sido víctimas del comercio ilícito y de empleadores que se benefician con la normativa migratoria vigente.
En el Aeropuerto de Santiago comenzó este jueves la iniciativa de Extranjería y la Policía de Investigaciones (PDI), cuya finalidad es entregar volantes informativos en español y creole (idioma mayoritario en Haití) en todos los puntos fronterizos del país. "Lo que hace esta campaña es informar que usar un contrato de trabajo falso o documentos de identidad de otra persona es un delito sancionado severamente, algo de lo que no necesariamente están conscientes al llegar", dijo Sandoval.
La autoridad recalcó que usar este tipo de documento simulado o una cédula de identidad falsa significa el rechazo del permiso de residencia, la negativa a la revocación de la visa y la potencial expulsión del país. "Trataremos de hacer un enlace con agregados policiales en el extranjero para informar a las personas en sus países", agregó el subprefecto Bernardino Cárdenas, de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional de la PDI.
Para Sandoval, el país aún no posee cifras preocupantes en materia migratoria, pero la ausencia de un aeropuerto internacional en regiones sería el factor de que el flujo migratorio se concentre en Santiago. "Es responsabilidad del Estado entregar la información para que los extranjeros que lleguen a Chile se encuentren posibilitados de cumplir la ley", añadió.
En el folleto que entrega Extranjería y la PDI se busca facilitar el reconocimiento de un contrato falso. En él se enfatiza que no se debe pagar por el documento y que la actividad por desarrollar tiene que corresponder a la pactada.
