EL CASO de un adolescente de 17 años, quien a esa edad ya registra 11 condenas y más de 20 detenciones, evidencia las severas y prolongadas fallas que exhibe el sistema de rehabilitación de menores en el país. Su situación motivó duras críticas de la jueza del tribunal que revisó su causa tras la última detención, ocurrida recientemente. La magistrada acusó una nula intervención del Sename y expuso las falencias de sus programas de reinserción.

No se trata de una situación nueva, ya que en el pasado se han conocido varios casos de menores con compromiso delictual elevado. De hecho, un estudio del propio Sename, dado a conocer el año pasado, reveló que la mitad de los menores que egresaron de los centros dependientes de esa entidad entre 2009 y 2010, tras cumplir algún tipo de sanción, reincidieron antes de los 24 meses. La propia Corte Suprema, mediante diversos informes, ha expuesto las precariedades de los recintos que forman parte de la red del Sename, revelando que muchos de ellos no cumplen con los requisitos necesarios para brindar una adecuada protección a los menores que allí ingresan.

Esta compleja realidad reafirma la urgente necesidad de reformular el actual sistema de rehabilitación, ya que hasta ahora las escasas iniciativas que han apuntado en esa dirección han quedado en anuncios, como por ejemplo, el proyecto de ley ingresado al Congreso por el anterior gobierno -que pretendía dividir el Sename en dos  organismos  y perfeccionar su funcionamiento-, pero que la actual administración decidió revisar.

Se debe avanzar hacia una institucionalidad que focalice de forma eficiente el trabajo de rehabilitación de los menores, que entregue  los recursos adecuados y que fiscalice su uso para que se cumpla eficazmente con la difícil tarea de reinsertar a la sociedad a menores en situación de vulnerabilidad.