Hace 50 años, miles de mujeres del mundo que estaban embarazadas y que sufrían de náuseas durante este período tomaron talidomida, por recomendación médica, para cesar dicho malestar. El fármaco era de uso común y no tenía dentro de sus contraindicaciones su uso durante la gestación.

Pero las tenía. Algo que las mujeres y el mundo entero supieron sólo después que entre 15 y 20 mil niños nacieran con distintos tipos de malformaciones físicas. Un hecho que quedó en la historia de la medicina, que obligó en su momento al retiro del medicamento (fabricado por Grünenthal) y que desde ese entonces ha generado una batalla legal contra el laboratorio y los Estados, por permitir su uso.

La última de ellas se conoció ayer, cuando un juez español condenó a la farmacéutica alemana a pagar entre 660 mil y casi dos millones de euros a 24 víctimas del fármaco, reconocidas por el Estado español. Un pequeño triunfo, ya que eran 186 las víctimas que pedían la indemnización y que apelarán.

El caso revivió en Chile la polémica que cerca de 60 víctimas de la talidomida mantienen con el Estado, al que exigen indemnizaciones y pensiones vitalicias, según su discapacidad.

EN BUSCA DE REPARACION

La talidomida fue creada por el laboratorio alemán Grünenthal, el cual retiró el producto del mercado tras las presiones por los niños que nacían sin extremidades o con ellas más cortas.

La droga se alcanzó a vender en más de 50 países y con 80 nombres comerciales distintos, incluido Chile, donde se vendió legalmente a comienzos de los 60, aunque también era traído por particulares desde Argentina o Brasil. No todas las mujeres que tomaron el fármaco tuvieron hijos con problemas. El mayor riesgo fue para las que lo tomaban entre los días 14 y 50 de la gestación.

Es lo que seguramente hizo la madre de César Rodríguez (50), presidente de Víctimas de Talidomida en Chile (Vitachi), quien nació sin la parte inferior de su brazo izquierdo. Pese a ello se siente afortunado. En la agrupación que dirige y que agrupa a unas 60 víctimas del medicamento, hay personas que nacieron sin sus cuatro extremidades.

Rodríguez tiene una demanda personal contra el Estado chileno, pero además, logró a través de Vitachi, que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y parlamentarios de diferentes bancadas apoyaran dos proyectos de acuerdo para que el Estado los reconozca e indemnice. "Pero esos documentos no han sido considerados por el Ejecutivo".

El problema es que el Estado no reconoce a las víctimas, reclama. De hecho, según Rodríguez, el Ministerio de Salud reconoce la venta del fármaco sólo entre agosto y octubre de 1963. "Pero se vendió desde el 60", insiste.

Rodríguez espera que el fallo español ayude en su causa y que el próximo Presidente haga efectivo el proyecto de acuerdo. "Pedimos que se nos indemnicen y se nos den pensiones vitalicias, según nuestra discapacidad. Han violado nuestros DD.HH. por 50 años", dijo.

El diputado PPD Pepe Auth, uno de quienes impulsó los proyectos de acuerdo, dice que aunque pidieron al Ejecutivo un registro de las personas afectadas por el uso de este fármaco, no tuvieron respuesta. "El Estado debe reparar a estas personas, porque el daño ya está hecho y es incalculable".

Lorena Fries, directora del INDH va más allá. Dice que fue el Estado el que en 1961, autorizó la inscripción de la Talidomida en el Registro de Especialidades Farmacéuticas, permitiendo con ello su fabricación, venta y distribución en el sistema público y -por ende- sus devastadoras consecuencias. "El Estado debe reconocer públicamente la vulneración de derechos a esas mujeres que confiaron en el sistema público e indemnizar a los afectados por el medicamento".

Grünenthal dijo a través de un comunicado que lamentaba la"tragedia de la talidomida". Y que respeta, pero no comparte el fallo en España, por lo que estudiará si apela. Además recuerda que otras firmas vendieron productos con talidomida en ese país.

El Ministerio de Salud declinó referirse al tema.