Falta de consenso político y críticas complican nueva arremetida del gobierno para aprobar proyecto de isapres

Mientras hace unas semanas el propio ministro de Salud, Jaime Mañalich, había "enterrado" el proyecto de ley que reforma el sistema privado de salud, hoy el gobierno busca reflotar la iniciativa.

En un intento por darle viabilidad, el Ejecutivo lanzó una nueva indicación al proyecto que modifica el sistema de isapres, y que crea un Plan Garantizado de Salud (PGS) y un IPC de la salud. Esta arremetida del Ejecutivo se genera justo en la semana en que la Corte Suprema ordenó dejar sin efecto las alzas de precios de los planes de salud a los afiliados que presentaron recursos de protección. La situación amenaza con generar una crisis del sistema, ya que se prevé un fuerte aumento de recursos contra las isapres.

En este escenario, expertos, parlamentarios y ejecutivos de la industria advierten que se abre una nueva posibilidad de reformar el sistema, pero también coinciden en que el camino para aprobar el proyecto está lleno de complicaciones.

La iniciativa se encuentra en primer trámite legislativo e ingresó en diciembre de 2011. El martes se votará la idea de legislar en la Cámara y así podría pasar a la Comisión de Salud del Senado. Pero, de rechazarse, ésta no podría reingresar, al menos, durante un año al Parlamento.

"Espero que los parlamentarios entiendan lo que está en juego. Si los honorables votan en contra el próximo martes, el IPC de la salud no existe más. Queda prohibido para el Ejecutivo enviar otro proyecto de ley por un año", sostiene a La Tercera Jaime Mañalich, ministro de Salud. "Esto sería un misil de tal magnitud, que uno no podría soñar que haya una reforma al sistema en dos o tres años, porque el próximo gobierno debería enviar otro proyecto", añade el ministro, quien recuerda que la indicación presentada considera dos tramos de precios: uno para menores de 24 años y otro para quienes superan esa edad. De aprobarse, esta fórmula reemplazará a la presentada originalmente por el gobierno, de "tarifa plana".

La diputada Karla Rubilar (RN) coincide. "Sería una tremenda irresponsabilidad por parte de los parlamentarios", advierte.

DUDOSA VIABILIDAD

Si bien se estima que la iniciativa sea aprobada la próxima semana, el polarizado contexto político y los ajustes que pretenden algunos parlamentarios al proyecto anticipan una compleja viabilidad para la iniciativa que crea el PGS y un IPC de la salud, índice referencial de precios de los costos de la salud, que se compone por una canasta de las prestaciones de salud más utilizadas por las personas y su frecuencia de uso.

Para el director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, Héctor Sánchez, la única opción viable de aprobar un proyecto de reforma al sistema de isapres es reflotando la iniciativa original, sin las últimas indicaciones, ya que fue producto de un acuerdo político entre gobierno y oposición. "Si el gobierno no hubiera cedido a la presión de introducir modificaciones al proyecto (crear tramos de edad), éste ya se habría aprobado. Ahora su aprobación será mucho más difícil, porque con el fallo (de la Suprema) el contexto político cambió sustancialmente", sostiene.

Coincide Sebastián Pavlovic, investigador de Cieplan: "El nivel de improvisación mostrado por el gobierno no permite ser optimista (...). Tengo serias dudas de que la última indicación se apruebe en la Cámara, aunque sí creo que el proyecto se aprobará en general, al menos en lo que se refiere al PGS y al Fondo de Compensación", afirma el experto.

A su vez, el coordinador del Programa Social de Libertad y Desarrollo, Rodrigo Troncoso, asegura que es un "mal proyecto", que no va a resolver la judicialización ni los incentivos a seleccionar afiliados, mientras Victoria Beaumont, directora de la consultora Altura Management, enfatiza que sin acuerdo político "el proyecto está condenado al fracaso". Incluso, la experta estima poco probable que el gobierno separe la iniciativa y le dé urgencia al IPC de la salud, de manera de enfrentar el fallo de la Suprema que frena las alzas de precios de los planes de las isapres.

"La viabilidad del proyecto va a depender de si el gobierno hace caso a la necesidad de poder introducirle algunas modificaciones", señala el diputado Víctor Torres (DC), miembro de la Comisión de Salud de la Cámara.

LOS TEMAS EN DISPUTA

Uno de los temas clave que reúnen las críticas de expertos y parlamentarios apunta al IPC de la salud. "El proyecto presentado por el gobierno puede ser perfeccionado. Por ejemplo, en relación con el IPC de la salud, en cuanto a su aplicabilidad, a la forma en que se construya para evitar incentivos para incrementar precios y/o aumentar frecuencia. También en relación con la mayor representatividad, permanencia e independencia de los miembros del consejo técnico que regule precios, al monto y reajustabilidad del plan garantizado para que haya un equilibrio (...). Debe quedar claramente establecido el concepto de prima única y plana, y las reglas de funcionamiento del fondo compensatorio por riesgo", afirma Héctor Sánchez.

Pavlovic asegura que el diseño del actual IPC de la salud "sólo sirve para que las isapres se defiendan mejor en las cortes, encomendando al Estado hacer algo que ellas no han podido hacer; esto es, justificar las alzas anuales".

En el mundo político, el tema genera un fuerte debate. La DC pide modificar el IPC de la salud e incluir dentro del cálculo de éste "indexadores de la variación de costo de prestaciones públicas", con el fin de establecer una "real regulación", agrega el diputado Torres. Las críticas son compartidas por el PS. El diputado de esa colectividad, Juan Luis Castro, también cree que "está mal constituido, porque sólo considera en la canasta de atenciones las que brinda el sector privado, que son las isapres o clínicas integradas verticalmente con las isapres, y no las del sector público. Por lo tanto, hay un sesgo en los precios".

Castro agrega que el IPC de la salud considera las frecuencias de uso de las atenciones médicas por los usuarios, "y ese punto fue el principal atacado y derribado por la Corte Suprema". Critica, además, que el IPC de la salud no sea vinculante: "No es obligatorio para ninguna isapre. Queda como letra muerta en cuanto a poner un techo máximo de reajustabilidad en atenciones y no va a frenar la judicialización que hoy existe", reclama Castro.

Discrepa el diputado UDI Javier Macaya, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja: "El IPC de la salud resuelve la coyuntura, porque les otorga a las propias personas una herramienta objetiva para saber cuáles son las isapres que se están moviendo de una manera más razonable".

Además de este punto, el PS muestra sus dudas sobre el plan garantizado. "El ejecutivo se comprometió a que fuera con tarifa única, después del fallo del Tribunal Constitucional, y el plan del gobierno ahora es con tarifa doble (diferenciado). No compartimos ese criterio, porque no se podía discriminar por edad, según el Tribunal Constitucional", sostiene Castro.

Otro tema que despierta reparos en el PS y la DC es la regulación de seguros complementarios. "Cuando tienes un PGS, que es un plan único, hay gente que va a querer mejorar su cobertura a partir de seguros complementarios y, frente a eso, creemos que tiene que existir una regulación mayor", indica Torres.