Ripley aumentó su directorio de 9 a 11 integrantes en una junta de accionistas que se extendió por tres horas y media. La mesa de la cadena de tiendas quedó compuesta por ocho representantes de los controladores, dos del grupo Saieh (que posee el 20% de la empresa) y un independiente.
Los profesionales electos fueron Felipe Lamarca, Sergio Henríquez, Jorge Rosenblut, Michel Calderón, Laurence Golborne, Hernán Uribe, Juan Pablo Matus y José Luis Letelier, por Inversiones R; Fernando Massú y Juan Pablo Vega, por el grupo Saieh; y Eduardo Bitran como independiente.
Al inicio de la junta, abogados que representan a Marcelo Calderón (socio de su hermano Alberto en Inversiones R, la sociedad que controla Ripley), impugnaron las facultades del representante de la sociedad controladora para votar en la junta. Pedro Pablo Vergara y Eduardo Morales cuestionaron el poder de representación del abogado Gerardo Varela, a nombre de Inversiones R. Varela respondió que su poder estaba debidamente registrado, siendo apoyado por Octavio Bofill, asesor de la familia Calderón Volochinsky.
Felipe Lamarca, presidente de Ripley, intervino: "No tengo facultad para dirimir ese tema. Vamos a dejar esta discusión en acta".
En uno de los recesos de la junta, el abogado Eduardo Morales señaló que un oficio que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) estableció con claridad que debían calificarse los poderes y dijo que ellos no pidieron hacer este proceso "por una omisión" y que esperaban que hubiese existido acuerdo en cuanto a los directores.
"La escritura social contempla que, por cualquier conflicto entre los socios, se nombra un árbitro, y el árbitro nombrado es Marco Libedinsky", dijo. Explicó, eso sí, que aún deben evaluar las acciones, porque "todavía falta que la SVS diga algo sobre el no cumplimiento de su oficio". Morales agregó que la decisión de aumentar de 9 a 11 directores debía tomarse por unanimidad en Inversiones R y que la rama de Marcelo Calderón -dueña del 20% de Ripley- no apoyó este cambio.
"Carece de prudencia aprobar una reforma de estatutos importante que va a quedar sujeta a que eventualmente sea anulada", dijo Pedro Pablo Vergara, del estudio que lidera Pablo Rodríguez. "Normalmente esto sería materia de un arbitraje", agregó.
Gerardo Varela, socio de Cariola, Diez, Pérez-Cotapos admitió que "es posible" que se active un arbitraje, pero que no podrían invalidarse las decisiones adoptadas en la junta, porque "la nulidad comercial no opera con efecto retroactivo".
