Con éxito finalizó el proceso de negociación que busca indemnizar a los padres de la niña Lilian Martínez (6), quien en abril pasado se sometió a una operación ambulatoria al paladar en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) del Hospital de Talca. Tras el procedimiento, la menor resultó con muerte cerebral por una sobredosis de morfina falleciendo a los pocos días de haber sido operada.
Con asesoría de los abogados Rodrigo González, Mauricio Jorquera y Cristián Celis, la familia de la menor comenzó un complejo proceso de "mediación" con los representantes del Servicio de Salud del Maule (SSM), a través de abogados especializados del Consejo de Defensa del Estado (CDE), todo ello regulado por ley.
Dicho proceso, efectuado bajo total secreto por obligación legal, se prolongó por dos meses, culminando con total éxito, por cuanto las partes alcanzaron un preacuerdo que, en las próximas semanas, será oficializado con la firma de todas las partes involucradas, entre ellos, los propios padres de la víctima.
La noticia fue anunciada el abogado jefe de la unidad de mediación del CDE en Santiago, Pedro Barría, a través de la unidad de comunicaciones de dicha institución, quien personalmente viajó hasta Talca para participar en las negociaciones.
Barría señaló al diario El Centro que los detalles de la cifra indemnizatoria a las víctimas se mantendrán bajo reserva, hasta que el acuerdo sea oficializado por ambas partes.
En todo caso, trascendió que el monto que obtendrán los padres de la menor fallecida no supera los 100 millones de pesos. En tanto, los abogados de la familia de Lilian Martínez declinaron efectuar comentarios sobre el acuerdo.
Un antecedente relevante es que, tal como lo indica la ley que regula el proceso de "mediación", el acuerdo evitará que las víctimas tengan que iniciar juicios civiles que se podrían prolongar por dos o tres años, obteniendo sin más trámite una indemnización compensatoria por daño moral.
Cabe recordar que este acuerdo también fue realizado por las familias del llamado caso "bebes cambiadas", en tanto, la otra familia afectada aún tramita una demanda civil contra el Estado.
