A través de una carta dirigida al ministro del Interior, Mario Fernández, la familia Luchsinger solicitó al Estado de Chile, que se retirara como querellante en la causa que indaga la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, quienes fallecieron hace cuatro años.

En el documento, relatan cómo se han llevado las diligencias hasta ahora, haciendo hincapié en que los procedimientos han variado desde la visita del intendente de La Araucanía, a la machi Francisca Linconao, la mujer de 60 años imputada en este caso.

Si bien dicen aceptar esta situación, consideran "al menos impudente que un representante del gobierno, querellante en la causa, visitara a un acusado del asesinato de nuestros padres".

Esta sensación de la familia habría empeorado cuando "el abogado del gobierno, enviado por Ud., llegara a los tribunales en calidad de defensor de un acusado, en vez de querellante".

A raíz de esto, determinaron que "como no queremos que el gobierno pase de ser querellante a defensor, es que exigimos al gobierno que se desista de su calidad de querellante, dejando el trabajo a la entidad que se encuentra obligada a llevar este caso".

En esta línea, los Luchsinger son tajantes en reconocer que ya no confían en el gobierno y que "preferimos continuar solos, junto a nuestro abogado, hasta el final del juicio".