El modelo aplicado en el caso de los 45 soldados fallecidos en Antuco, en 2005, donde la totalidad de las familias fueron indemnizadas tras un acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado (CDE), es el mecanismo de compensación que solicitó la defensa de los parientes de los muertos tras el tsunami en el tercer aniversario del 27/F.
Las familias de los fallecidos en el maremoto conversaron sobre eventuales compensaciones con el propio Presidente Sebastián Piñera durante su visita a isla Orrego, en Constitución, la tarde del martes.
Ayer, en una entrevista a una radio local, el Mandatario explicó que "este es un tema que está siendo conocido por los tribunales, porque muchas familias han demandado al Estado. Sólo le puedo decir en términos generales: si el Estado tuvo responsabilidad, cualquiera haya sido el organismo que haya tenido esa responsabilidad, el Estado tiene una obligación y por eso están habiendo conversaciones para que cuando corresponda el Estado asuma". Hasta ahora, de un total de 156 fallecidos en el tsunami, se han presentado 70 casos ante la justicia civil para recibir indemnizaciones por $ 60 mil millones. Otras 86 aún no van a tribunales.
Propuesta rechazada
Juan Vasseur, abogado que representa a 70 fallecidos en Constitución, Pelluhue y Curanipe, en una demanda ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago, interpuesta en julio de 2012, sostuvo que en septiembre pasado entregaron al CDE una propuesta de reparaciones, la que no fue acogida por el organismo. Posteriormente, en enero de este año, hicieron una segunda presentación.
Vasseur añade que "lo que anuncia el Presidente Piñera va en el camino de lo que hemos estado haciendo (...) Se ha avanzado de una manera lenta, porque no se han fijado los montos de reparación. El CDE tiene que contar con el apoyo del gobierno, porque quien, en definitiva asigna los montos, es el Ministerio de Hacienda. Esa es la piedra de tope".
Agregó que la presentación realizada al CDE incluye que se analice caso a caso la reparación a parientes directos como padres, hermanos, cónyuges y, en situaciones excepcionales, a tíos que tenían cercanía. En esa línea, la defensa argumentó que ese fue el modelo para las indemnizaciones en el caso Antuco y de detenidos desaparecidos. Raúl Meza, abogado de cuatro víctimas del tsunami y quien representó a conscriptos fallecidos en la tragedia de 2005, explicó que en 2009 la reparación para las familias osciló entre los $ 80 y $ 120 millones por grupo.
El abogado sostuvo que las defensas quieren reunirse de nuevo con el Presidente para solicitar que los parientes que no han hecho presentaciones ante la justicia, puedan ingresar al proceso de conversaciones con el CDE. Meza añadió que éste último organismo inicia conversaciones con las familias sólo cuando se han judicializado los casos.
Proyecto de ley
Otra de las vías que se ve como opción para concretar una reparación económica a las familias corresponde al envío de un proyecto de ley. Fuentes de La Moneda sostienen que es poco probable ese mecanismo, pues extendería los plazos para entregar una solución.
Los demandantes pidieron al Presidente Piñera dar celeridad al proceso. Lorena Hoffmann, vocera de las familias de Constitución, sostuvo que "ningún monto va a dejar tranquilo a la gente, porque es un ser que falleció y nunca volverá. Pero sí estamos luchando por algo razonable, para que los cercanos se puedan reconstruir".
Explicó que los montos se justifican, porque "hay lazos muy grandes. Hubo tíos que hacían de padre y que no pudieron salvar a sus sobrinos".
Entre los documentos que presentaron a la justicia también está un estudio del sicólogo Sebastián Ayala, donde se aborda la relación de parentezco y el impacto que tuvo la tragedia.
