El miércoles, la Presidenta Michelle Bachelet completó la ronda de consultas a los ex presidentes, ex cancilleres, dirigentes políticos y parlamentarios para escuchar las distintas opiniones sobre la forma de enfrentar en La Haya la demanda boliviana. El proceso, sin embargo, se desarrolló en medio de un inesperado debate público sobre cuál era la mejor estrategia jurídica, con emplazamientos a la Mandataria para que impugne la competencia de la corte antes del 15 de julio por la vía de una excepción preliminar.
Hasta el ex Presidente Sebastián Piñera se sumó a través de un mensaje en su cuenta Twitter a las peticiones que cada vez con mayor intensidad han venido haciendo dirigentes y parlamentarios de la Alianza y el oficialismo. La situación preocupa al gobierno y a los expertos a cargo del caso, pues podría exponer la estrategia jurídica chilena.
"Estamos perdiendo un capital que Chile siempre ha tenido, que es actuar con seriedad, con responsabilidad y asumiendo estos temas de verdad como una política de Estado", dice el agente de Chile, Felipe Bulnes Serrano.
Desde que asumió como agente ha sido reacio a las intervenciones públicas y a dar entrevistas, ¿por qué acepta hablar ahora?
He sido reacio a dar entrevistas porque de acuerdo con las reglas de la Corte Internacional de Justicia el caso es reservado, por lo que desde ya tengo esa restricción. Además, porque creo que no corresponde andar discutiendo por la prensa cuál debe ser la estrategia de Chile. Pero en esta oportunidad he decidido hablar porque, teniendo a cargo la defensa de los intereses de Chile respecto del litigio presentado por Bolivia, siento que es fundamental recuperar la racionalidad en la discusión del caso, la que se ha ido perdiendo a un ritmo acelerado en las últimas semanas.
¿A que se refiere? ¿A los comentarios y emplazamientos que han hecho dirigentes políticos sobre la forma en que se debe llevar la estrategia frente a la corte?
Estoy completamente en desacuerdo y profundamente preocupado por el clima político que se ha ido instalando en el caso frente a Bolivia. Creo que no tiene precedentes y me parece que no estamos tomando conciencia de la irracionalidad con que se está imponiendo el debate. Lo digo, porque me parece completamente inapropiado que actores políticos relevantes de este país, rompiendo un precedente que ha sido la unidad y la responsabilidad con que se enfrenta un caso de esta naturaleza, busquen pautear la forma en que Chile debe defenderse ante la Corte Internacional de Justicia. Me parece incomprensible que pretendan fijar una posición respecto de lo que se debe hacer, pero aún más incomprensible me resulta que no reparen en que ello promueve una discusión pública sobre la estrategia judicial que debe adoptar Chile, cuando eso es contrario a las normas más básica de prudencia.
¿Por qué le preocupa la forma en que se está dando el debate?
Porque tenemos un caso muy sólido y lo que corresponde es actuar con seriedad, con racionalidad, y el ambiente político que se está instalando en torno al caso no va en esa dirección. Siento que en muchos comentarios hay irresponsabilidad y, en algunos casos, populismo y demagogia. No corresponde que los actores políticos pauteen la estrategia de la defensa de Chile y ésta se tenga que discutir en público por la prensa. Eso es francamente insólito. Cada día se suman nuevos actores políticos indicando cuándo Chile debiera o no debiera objetar la competencia de la corte, como si se tratara de un tema de gustos o preferencias y no de una materia en donde hay múltiples razones técnicas y jurídicas que ponderar. Aquí no estamos hablando de cómo Chile juega fútbol ante España u Holanda. Es absolutamente imprudente enfrascarse por la prensa respecto de cuáles son las fortalezas o debilidades de una determinada estrategia judicial, de un determinado curso de acción. Cuándo se ha visto que se haga eso en un caso judicial entre privados, con mucha mayor razón no se debiera hacer en un caso de esta naturaleza, en el que están involucrados los intereses de la nación. Sería una imprudencia mayúscula empezar a discutir públicamente las estrategias de la defensa del país, pero de alguna manera, el debate político que se está instalando por la vía de pautear y en algunos casos simplificar dilemas está presionando a que se incurra en ese error.
Chile ya zanjó que va a presentar la incompetencia de la corte, lo que está en discusión es el momento, si lo hace antes del 15 de julio, vía excepciones preliminares, o durante la memoria...
Quiero ser muy claro, mi problema no es si se toma tal o cual decisión. No es un tema de imponerme yo, que me guste más un determinado curso de acción respecto de otros. Además, es algo sobre lo que no me voy a pronunciar, porque es una decisión que va a tomar la Presidenta. Mi problema es con el procedimiento de toma de decisiones que algunos actores políticos pretenden imponer.
¿Cuál es el objetivo de la estrategia chilena frente a la demanda boliviana, paralizar el juicio lo antes posible, obteniendo la incompetencia de la corte, o ganar el fondo del caso mediante una sentencia favorable que no permita decirle para siempre a Bolivia que no hay nada pendiente?
Seré genérico; el objetivo de la defensa de Chile es implementar la mejor estrategia en protección de nuestros intereses y de nuestra soberanía. Pero no voy a infringir la debida reserva y prudencia que precisamente estoy pidiendo a los actores políticos.
Durante el caso con Perú no se politizó la forma en que se llevó adelante el juicio ante La Haya, ¿no cree que el ruido que se está generando ahora se deba en parte a la desconfianza que existe entre los chilenos sobre la forma en que falla el tribunal internacional?
Creo que hay una cierta ansiedad y molestia con la demanda boliviana. No me atrevería a llamarlo desconfianza, además, no voy a ser yo el que me preste para validar críticas a la corte cuando estoy litigando ante el tribunal. Pero es claro que hay ansiedad y sobre todo molestia, que lo que pasó en el caso con Perú claramente tiene algo que ver, pero lo importante es cómo manejar estos sentimientos. Porque aquí hay que tener confianza en que Chile va a tomar las mejores decisiones, que Chile se va a defender de la forma más adecuada y tengo la convicción de que no podemos dejarnos gobernar por nuestras emociones, sino que por nuestras razones. Estamos todos de acuerdo que en el caso con Bolivia vamos a llevar adelante una defensa política y diplomática, paralela a la jurídica. En eso estamos todos de acuerdo, en enfrentar este caso en todas sus dimensiones. Insisto, pero lo que no corresponde es que se busque pautear cuál debe ser la estrategia jurídica chilena, como ha venido sucediendo masivamente en las últimas semanas. Si hasta me he encontrado con tuits de altas personalidades públicas que también han buscado hacerlo.
¿Se refiere al ex Presidente Piñera, que el miércoles escribió en su cuenta de Twitter: "Para enviar mensaje fuerte y claro en defensa de legítimos derechos de Chile, el gobierno debiera impugnar ahora la competencia de La Haya"?
No voy a ahondar en ese tema.
Le sorprendió que lo hiciera. El cómo presidente llevó la fase oral de la demanda interpuesta por Perú y conoce cómo se debe llevar un proceso judicial de esta naturaleza.
Lo que yo busco describir es la instalación de un clima que se está dando y que se está llevando demasiado lejos, porque son demasiado relevantes las personas que interviniendo siguen sumándose a esta tendencia. Y más que apuntar con el dedo, lo que quiero decir es que esto debe parar. Si no confiamos en las autoridades y en el equipo expresamente designado para nuestra defensa, vamos a terminar definiendo nuestra estrategia según los gustos, frases categóricas o votaciones mayoritarias de nuestros políticos. Yo no tengo dónde perderme en cuál es el mejor camino. De otra manera, no habría asumido como agente y entiendo que, precisamente, se nombran para eso.
Dirigentes políticos, parlamentarios y analistas en las últimas semanas han planteado argumentos por los que Chile debe pedir la incompetencia de la corte antes del 15 de julio, con una excepción preliminar, ¿lo hacen con argumentos sólidos?
El 99% de las personas que han opinado lo han hecho sin haber tenido acceso a la memoria boliviana. Me consta porque la memoria es un documento reservado y, por ende, sé exactamente quiénes tienen acceso a ella. Y el 100% de los actores políticos que han manifestado opinión pública sobre este tema no han estado presentes en ninguna de las reuniones de análisis estratégico con los abogados que nos asesoran, por lo que es imposible que puedan manejar seriamente los antecedentes que cualquier persona requiriera tener antes de emitir una opinión y marcar una opción sobre lo que debe hacer estratégicamente Chile.
¿A su juicio, ha faltado responsabilidad en el debate?
Sí, ha habido en algunos casos comentarios derechamente irresponsables y en otras oportunidades, incluso, ha habido demagogia, porque se trata de decir cosas que suenan bien al oído de los chilenos y que se dicen sin importar que no se tengan los suficientes antecedentes a la vista.
Pero el abogado y miembro del comité asesor para la demanda boliviana en la Corte de La Haya José Rodríguez Elizondo propuso, como vía para plantear la incompetencia de la corte, que Chile no se presente en el tribunal, así, de acuerdo con el artículo 53 de sus estatutos, los jueces deberían definir si el caso tiene mérito, ¿eso tampoco es correcto?
Se han planteado en medio de este debate tesis francamente sorprendentes, como la de ese destacado analista que ha propuesto que Chile debe optar por no defenderse, porque en función del artículo 53 del estatuto de la corte, si el demandado no se presenta, el demandante, en este caso Bolivia, tiene el derecho de pedir a la corte que acoja su demanda y para eso el tribunal tiene que hacer un examen abreviado del mérito del caso. Me cuesta entender que se proponga como nuestra mejor defensa el optar por no defendernos, de manera que la corte defina en solitario el juicio. Creo que esto es un reflejo más de lo que vengo señalando.
El ex director jurídico de la Cancillería Hernán Salinas y parlamentarios de la Alianza sostienen que Chile debe impugnar ahora la competencia de la corte, en virtud de los artículos 2 y 6 del Pacto de Bogotá. ¿No hay ningún fundamento en ese planteamiento?
No voy a analizar públicamente la estrategia ni los méritos que tengan las eventuales causales de impugnación, porque estaría haciendo exactamente lo que estoy criticando, que es ventilar la estrategia por la prensa y tratar de pautear la toma de decisión. Se está consultando la opinión de todos los actores, pero lo que corresponde aquí y es lo que hacen todos los países en casos como este, es finalmente acudir a un grupo específico, expresamente designado para asesorar a la Presidenta, que es quien toma la decisión definitiva. Ese es el procedimiento adecuado que busco preservar.
Otro de los argumentos que se han esgrimido estas semanas es que los abogados extranjeros siempre van a recomendar seguir adelante con los juicios, porque cobran sumas millonarias por litigar en la Corte de La Haya, ¿qué dice al respecto?
Es una falta de respeto y una muestra más de la irracionalidad que ha tenido este debate. Me ha tocado interactuar e incluso contratar a algunos de los abogados, estamos hablando de gente que tiene un prestigio a nivel mundial, y pensar que ellos darían un consejo en contra de los intereses de sus clientes buscando simplemente capturar más honorarios, no sólo es ofensivo, sino también inapropiado. Pero, insisto, esos argumentos son más bien demostraciones de la irracionalidad con que públicamente se está enfrentando este caso.
¿Y no puede ser el legítimo interés por influir en la estrategia chilena?
Una cosa es querer influir y participar, lo cual me parece perfectamente lógico, sano y legítimo. Pero otra cosa es querer pautear e imponerse. Se han sostenido diversas reuniones con el mundo político, de manera que ellos pueden hacer valer sus puntos de vista, manifestar sus inquietudes, etc. Es fundamental que tengan ese espacio y oportunidad, pero lo esperable sería que participaran en el ámbito privado en que se dan esos encuentros y no mediante declaraciones a la prensa en que fijan el curso de acción que debe seguir Chile. En la Nueva Mayoría hay varias voces disonantes que han caído en eso, partiendo por las declaraciones del presidente de la Comisión de RR.EE. de la Cámara de Diputados (Jorge Tarud). Y en la Alianza, el tema es tanto o más serio, pues, se ha ido generando una tendencia aún más mayoritaria por pautear cuál debe ser la estrategia jurídica de Chile. Y esto último para mí es todavía más complejo, teniendo en cuenta que tengo una clara filiación política con este sector.
¿En qué medida complica eso su labor como agente?
Yo asumí este compromiso como agente, en el entendido de que era una forma de aportar a un desafío que tiene Chile. Estoy muy confiado de las sólidas razones que tenemos para nuestro éxito, pero lo hice también bajo la premisa de que los distintos actores políticos iban a estar en el mismo espíritu, todos remando en la misma dirección, y me estoy encontrando con este escenario que me hace imperativo salir a hablar y pedir ponerle término a este debate irracional cuanto antes. Si este ambiente político continúa y sigue profundizándose, tendré que revisar también yo en qué estoy fallando. Lo importante al final del día no es mi situación personal, sino que la clase política se cuadre con una sola voz y que confíen en que las personas a cargo del caso están adoptando las decisiones correctas. Y si el problema, en parte, se explica por falta de confianza, claramente habrá que solucionarlo. Pero lo que no puede estar en juego es el capital de unidad y respaldo con que Chile siempre ha enfrentado estos casos.
¿Cree que está en riesgo la unidad del país frente a la decisión que adopte la Presidenta? Porque todos han dicho que respaldarán la decisión que adopte ella.
Hay doble estándar. Porque está ocurriendo lo siguiente: luego de que los dirigentes políticos declaran que van a respaldar la posición que adopte el gobierno, salen declarando públicamente que Chile tiene que adoptar determinado curso de acción, que debe ser tal o cual la estrategia de la defensa. Que si se toma tal curso de acción, Chile está bien defendido, pero si se toma otro, no lo está. Eso es precisamente lo contrario de respaldar. Cuando uno de verdad dice que va a respaldar, lo que corresponde es esperar la decisión que se tome y cuadrarse con ella. Cómo vamos a discutir públicamente detalles de la estrategia si incluso, como agente, tengo limitaciones de reserva. Cómo les voy a anticipar a los demandantes y a la corte a través de la prensa cuáles son las fortalezas y debilidades de tal o cual curso de acción. En varias oportunidades en que se han hecho reuniones con actores políticos trasciende lo que se ha conversado y además, con simplificaciones y distorsiones. Todo eso es lo contrario que uno quisiera ver. Esto no es una causa para lucirse políticamente. Es una causa para apoyarla.
