La discusión por la despenalización del aborto en tres causales (riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto y violación) sumó un nuevo debate, y que apunta al concepto de acompañamiento. Un beneficio orientado a la mujer que decide abortar, pero cuya discusión se centra en si quienes cumplan este rol pueden buscar hacer cambiar de opinión a la involucrada.
El senador Felipe Harboe (PPD), al igual que el gobierno, sostiene que este apoyo, financiado por el Estado, no debe tener apuntar a disuadir a la persona. "El acompañamiento debe ser basado en el legítimo derecho de la madre", dice.
¿Las organizaciones encargadas de cumplir el acompañamiento pueden tener la opción de disuadir a la mujer de llevar a cabo el aborto?
No creo que corresponda. Al contrario, si la madre, en su conciencia, decide no continuar con su embarazo, yo no veo por qué una institución pública o privada deba o pueda intentar persuadir a esta mujer de perseverar en su embarazo. Ella tiene el mismo derecho a continuar el embarazo como a interrumpirlo por estas tres causales. Si la mujer toma una decisión voluntaria, soberana e informada, lo que corresponde es que las instituciones a las cuales el Estado va a pagar por este acompañamiento respeten esa decisión.
¿Pero en un rol neutro, casi testimonial?
Claro que sí, porque es su decisión. No es que sea neutral. Cuando un médico, un sicólogo o un asistente social se involucra en un caso no es que haga un check list. Lo que hay ahí es un trabajo sicológico, social, donde se le plantea a la mujer que cualquiera sea su decisión la vamos a acompañar.
¿Es delgada la línea que separa el sugerir seguir el embarazo a disuadir a una mujer de concretar el aborto?
Eso es muy distinto. Si una organización, pública o privada, le plantea a la persona que no interrumpa su embarazo, eso deja de ser un programa de acompañamiento. Eso pasa a ser, legítimamente, una asesoría basada en una visión, muy legítima, que yo respeto. Ambas van a poder coexistir, pero el acompañamiento financiado por el Estado tiene que ser estrictamente de apoyo.
¿Entonces la discusión se concentra en un tema de financiamiento?
El acompañamiento financiado por el Estado tiene que ser neutral, un acompañamiento sicológico, social, que se haga cargo del drama humano que se produce en estas situaciones que son límites. Puede existir un programa privado que con sus recursos asesore a la gente, pero lo que el Estado va a proveer es legítimamente el respeto de todas y todos. Para el Estado no está permitido tomar una postura de disuasión en algo que con la nueva legislación va a estar permitido, porque si lo vamos a declarar legal en estas tres causales, por qué vamos a incentivar que las mujeres desistan de hacerlo. Imagínese fuera al revés, y que los programas del Estado disuadieran a las mujeres que quieren continuar con sus embarazos, porque van a tener problemas en el barrio, las van a condenar en sus familias o su hijo no va a tener ayuda social. A mí no me parecería lógico.
